CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO POLÍTICO

CON EL COSMOS

EN EL CAMINO HACIA UNA AGENDA DE LOS AMBIENTALISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO QUE POSIBILITE LA PAZ

 

GUSTAVO WILCHES-CHAUX

Compilador

 

 

 

 

 

Con el Apoyo del Ministerio del Medio Ambiente

 

 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO – VERSIÓN A AGOSTO 21 DE 1998

Agradecemos remitir sus críticas y sugerencias a través del correo electrónico a

gwilches@popayan.cetcol.net.co

 

 

 

 

 

Agosto de 1998

PRESENTACION

 

El presente documento se enmarca y trata de contribuir a varios procesos sociales y políticos simultáneos. En primer termino apoyar las deliberaciones y las conclusiones del Congreso Nacional Ambiental a realizarse en Guaduas del 24 al 26 de julio.

En segundo lugar, contribuir a la construcción de una agenda de la sociedad civil frente al conflicto armado que vive el país, que será definida y desarrollada por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el próximo 30 y 31 de julio.

En tercer lugar aportar a las deliberaciones de la Cumbre Social contra la pobreza, por la Equidad y por la Paz, que sesionará los días 22 y 23 de septiembre y que acordará un plan estratégico que supere la pobreza y avance en la inclusión económica y social de las mayorías nacionales.

En cuarto lugar, preparar los debates y las propuestas del próximo Plan Nacional de Desarrollo que tendrá lugar a fines del presente año.

Este documento constituye una propuesta de trabajo que ponemos a consideración de los ambientalistas colombianos para su discusión y enriquecimiento, con el fin de articular una expresión clara de cara a los acontecimientos que se plantean en la coyuntura y que abren las perspectivas de un proceso de negociación de nuestro conflicto político.

Sin lugar a dudas es un documento polémico y lleno de preguntas que puede permitirnos un gran debate, a partir del cual construir consensos y por esto tiene el carácter de ser un punto de partida, un instrumento de diálogo, un punto de encuentro de opiniones diversas y de acuerdos para la expresión y la acción conjuntas.

Es un atrevimiento circularlo con un nivel inicial de debate y esperamos su comprensión, pero sobre todo su aporte. En una situación como la presente es urgente y necesario que nos expresemos, que nos pongamos de nuevo a discutir y a acordar las maneras diversas de participar en la vida nacional. El Ambientalismo Político tiene que expresarse, tiene que recogerse y reflexionar su larga historia y sus aportes a los procesos de construcción de este país.

Distintas expresiones convergen hoy en la búsqueda de una articulación coherente a la coyuntura nacional y sin duda los eventos que nos reúnen serán escenario de conversaciones entre nosotros y volverá a plantearse en la mesa la pregunta por nuestra articulación política y organizativa. Lo claro es que no podemos seguir pasando agachados por los acontecimientos fundamentales y debemos, éticamente hablando, comprometernos colectivamente con nuestra sociedad, con las comunidades, con los movimientos sociales que hoy tratan de posicionarse en un lugar protagónico en la construcción de un desenlace político para la guerra y las múltiples violencias que nos agobian.

L@s ambientalistas tenemos explicaciones y propuestas, tenemos pensamiento acumulado, praxis diversas que son semilleros de paz y convivencia entre los seres humanos y con los seres y las cosas de la naturaleza. Desde este acumulado y desde las acciones desarrolladas, desde los encuentros anteriores - Cachipay, Ecogente 83, Guaduas 92- desde las múltiples redes tejidas, debemos, imperativamente, decirle al país nuestra palabra, expresarle nuestra propuesta. Debemos contribuir a la construcción soberana de este país ambientalizando los diálogos de paz, ambientalizando los procesos de concertación, exigiendo con nuestra participación propositiva, la construcción democrática y participativa de una Nación sostenible, equitativa y soberana.

Esperamos entonces que con los aportes de todos y todas construyamos un marco de la reflexión y unas propuestas para la acción con base en este abrebocas.

Este documento fue elaborado por Gustavo Wilches-Chaux, con el apoyo del grupo temático convocado por la Corporación Viva la Ciudadanía y coordinado por la Corporación Penca de Sábila y Ecofondo.

Finalmente queremos agradecer el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y de todas las instituciones y personas que conforman el grupo de ambientalistas por la paz y el desarrollo.

 

Guaduas, Julio 24 de 1998

Corporación Viva la Ciudadanía

Corporación Penca de Sábila

ÍNDICE

Introducción

  1. El carácter trans-sectorial, transversal y multidimensional del medio ambiente
  2. La sostenibilidad global
  3. Tres conceptos para redimensionar la discusión

  1. El panorama mundial

  1. La pérdida de la capacidad de autorregulación de la biosfera
  2. La profundización de la brecha entre ricos y pobres
  3. La globalización neoliberal y sus efectos
  4. Nuevos riesgos y nuevas posibilidades
  5. Desarrollo y subdesarrollo versus Sostenibilidad y Subsostenibilidad

  1. El panorama nacional

  1. Entre la biodiversidad y la necrodiversidad
  2. La pobreza en Colombia
  3. Pobreza, inequidad y violencia ambiental
  4. Los costos económicos de la guerra
  5. La relativización del concepto de soberanía nacional
  6. El desarrollo constitucional, legal e institucional en materia de medio ambiente y gestión ambiental
  7. El incremento de la conciencia participativa por parte de la sociedad civil
  8. Las perspectivas de una nueva reforma constitucional

  1. El medio ambiente y la guerra en Colombia

  1. El medio ambiente como escenario, arma, objetivo y motivo de guerra
  2. Los costos ambientales indirectos de la guerra
  3. ¿Quién paga los platos rotos del deterioro ambiental?

  1. Sostenibilidad o Disolución: El reto ambientalista de los colombianos
  2. Temas críticos en la agenda ambientalista para la paz

  1. Recuperación de ecosistemas y comunidades afectadas por cultivos ilícitos
  2. Reforma agraria integral
  3. Política energética y equidad en el acceso a la energía en sus distintas formas
  4. El tema de la gobernabilidad ambiental
  5. Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas
  6. Gestión ambiental para la calidad de vida en el medio urbano

  1. ¿Qué contribución le ofrecemos los ambientalistas colombianos al proceso de paz?
  2. ¿Qué esperamos los ambientalistas del Estado?
  3. ¿Qué esperamos los ambientalistas de los actores armados de la guerra en Colombia?
  4. ¿Qué esperamos los ambientalistas de los sectores productivo y privado?
  5. Qué esperamos los ambientalistas de los potenciales aliados a nivel internacional?

Bibliografía

Anexo:

Preguntas para evaluar la sostenibilidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a la memoria de Alvaro José Negret,

ecólogo, ambientalista, maestro, explorador, popayanejo y hermano,

quien conocía el lenguaje de los pájaros, de las nubes,

de las corrientes de agua

y de las noches estrelladas

y quien hizo de su existencia

una aventura permanente

de conocimiento

y un compromiso personal

por la defensa de la naturaleza

y de la vida;

y quien a los 46 años hizo valer su derecho

a morirse por causas naturales,

un derecho cada vez más conculcado.

 

Gustavo Wilches-Chaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra vida como estos diálogos y como todas las cosas ha sido prefijada.

También los temas a los que nos hemos acercado.

Con el correr de la conversación he advertido que el diálogo es un género literario, una forma indirecta de escribir.

El deber de todas las cosas es ser una felicidad; si no son una felicidad son inútiles o perjudiciales.

A esta altura de mi vida siento estos diálogos como una felicidad.

Las polémicas son inútiles, estar de antemano de un lado o del otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana o alguien pierde.

El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de boca de otro.

Yo he tratado de pensar al conversar, que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted; lo importante es llegar a una conclusión, y de qué lado de la mesa llegue eso, o de qué boca, o de qué rostro, o desde qué nombre, es lo de menos.

Jorge Luís Borges

 

 

INTRODUCCIÓN:

 

Mediante el presente documento, preparado con destino inicial a la "Asamblea Permanente de la Sociedad Civil" y a la "Cumbre Social contra la Pobreza y por la Equidad", un grupo de ambientalistas colombianos deseamos someter a consideración de la sociedad colombiana nuestra visión sobre las interacciones existentes entre el tema ambiental, el tema del desarrollo y el tema de la paz, y hacer explícita nuestra convicción (compartida entre otros con el Comité Académico del proceso preparatorio de la Cumbre Social) en el sentido de que mientras no reorientemos tanto conceptualmente como a nivel práctico, la concepción del desarrollo que hoy predomina casi de manera hegemónica, no será posible construir en Colombia las condiciones objetivas y subjetivas que permitan que en este país fructifique la paz.

Esperamos contribuir con propuestas concretas al propósito en el cual se encuentran embarcados y comprometidos un gran número de colombianos y de colombianas, de buscar la manera de cumplir y hacer cumplir de manera eficaz, la voluntad expresada masivamente en las elecciones llevadas a cabo en Octubre de 1997, en términos de un Mandato Ciudadano por la Paz.

Pero deseamos, sobre todo, llamar la atención de la sociedad colombiana, y en particular de todos los actores sociales vinculados directa o indirectamente al proceso de construcción de condiciones que faciliten la paz, sobre la necesidad imperiosa de que en dicho proceso se le reconozca al ambiente y a su dinámica, no sólo su condición de escenario, sino también su papel de actor activo (valga la redundancia) del desarrollo nacional. Entendido el ambiente en su concepción multidimensional, que incorpora no solamente factores "objetivos" (ecológicos, sociales, económicos, etc.), sino también elementos de carácter simbólico, estrechamente ligados a la subjetividad colectiva e individual.

Normalmente el tema ambiental se acepta como importante, pero se identifica como accesorio y a veces como marginal, cuando realmente el ambiente atraviesa de manera transversal a todos los sectores y actividades de la vida del país.

Tanto en las propuestas políticas que se han sometido a consideración de Colombia en los últimos meses con motivo de las elecciones, primero para alcaldes y gobernadores, luego para congresistas y después en la primera y segunda vuelta para la elección presidencial, así como en muchas de las agendas de discusión propuestas por los actores del conflicto armado, el tema ambiental ha estado presente, pero siempre como un capítulo sin claras interacciones con todos los demás.

Posiblemente el principal aporte de este ensayo consista en invitar a la reflexión sobre el carácter multidimensional de la gestión del medio ambiente, una responsabilidad que pesa por igual (aunque con responsabilidades bien diferenciadas) sobre el Estado y sobre la sociedad civil, dentro de la cual consideramos a los gremios económicos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajadores y profesionales, a los grupos de mujeres, al sector educativo, a las iglesias, a las organizaciones ambientalistas y, en fin, a todos los actores que no forman parte del Estado como tal.

Mostramos cómo tanto a nivel internacional como nacional, el modelo predominante de desarrollo, y muy especialmente el modelo neoliberal de globalización, están conduciendo aceleradamente a una profundización de la brecha entre los ricos y los pobres y a una menor capacidad de adaptación de las comunidades humanas a los cambios del ambiente, cada vez más profundos y frecuentes debido a las agresiones de que ha sido objeto la biosfera (una biosfera de la cual los seres humanos también formamos parte) especialmente en las últimas décadas.

Compartimos también nuestra preocupación ante la evidencia innegable de que la guerra en Colombia (además de todos los factores objetivos y subjetivos en los cuales hunde sus raíces, y que también son, a su manera, formas subrepticias o expresas de violencia, de exclusión y de guerra), constituye para muchos de sus actores (y para quienes se encargan de alimentarlos desde adentro del país o desde el exterior) un negocio de altísima rentabilidad, lo cual consideramos uno de los principales obstáculos para la obtención de la paz.

Reconocemos que uno de los principales retos que tenemos los colombianos entre manos, consiste en demostrar "la rentabilidad de la paz", no solamente en términos sociales, ambientales y culturales --en términos de calidad y de dignidad de la vida-- sino también en términos estrictamente económicos y aún, si se quiere, en términos econométricos.

Posiblemente un primer paso lo constituya la realización de ejercicios colectivos de "anticipación" y de "visualización", encaminados a explorar cómo podríamos invertir los recursos que dedicamos a la guerra desde el Estado y desde la sociedad civil, en actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de las comunidades a nivel urbano y a nivel rural. Ejercicios que nos permitirían ponerle cifras y metas concretas al Mandato Ciudadano por la Paz e imponerles a los actores del conflicto el compromiso expreso de liberar --o de facilitar que se liberen— recursos hoy dedicados a la guerra, para dedicarlos a la paz dentro de un propósito expreso de sostenibilidad.

Detrás de esta propuesta subyace una visión más o menos compartida del mundo que, en medio de las múltiples diferencias y de la enorme heterogeneidad de los ambientalistas colombianos, podemos identificar como elementos alrededor de los cuales nos podemos comprometer con un ideal compartido de humanismo y de sociedad: la perspectiva de género; los sentidos de responsabilidad y equidad intergeneracional; el respeto y la valoración de la diversidad en todas sus expresiones; y el reconocimiento de la solidaridad y de la compasión (entendida como la capacidad de sentir en nuestras propias tripas la pasión de los demás) como valores fundamentales; la sustitución del culto a la competencia por la práctica consciente de la simbiosis o cooperación; la consciencia sobre las mutuas interdependencias entre las distintas formas de vida que conformamos la biosfera; el rechazo visceral al autoritarismo y el compromiso con la construcción de propuestas democráticas, horizontales y sistémicas de organización; la comprensión del mundo (y de los fenómenos que lo conforman) como proceso dinámico, complejo y no lineal y, en fin, la solidaridad con otras formas de vida y la convicción de que después de cerca de cuatro mil millones de años que lleva la vida de existencia sobre la faz de la Tierra, no existe razón que justifique que un número cada vez mayor de seres humanos se vea obligado a sobrevivir casi vegetativamente y en condiciones de la más absoluta indignidad.

Los ambientalistas estamos seguros de que, como expresión consciente de la vida, tenemos un compromiso político con el Cosmos, que al tiempo que posee implicaciones filosóficas y trascendentales, nos impone obligaciones concretas en el aquí y el ahora.

El texto siguiente, lejos de tener pretensiones de "documento oficial" del ambientalismo colombiano, constituye más bien un punto de partida, una invitación abierta y un proceso en permanente construcción, para que quienes (ambientalistas o no) tengan propuestas o experiencias para aportar, argumentos para rebatir, o sugerencias y críticas para enriquecer este trabajo de reflexión--acción, se vinculen a la tarea colectiva de explorar las distintas maneras como el tema ambiental incide y debe incidir en el diseño de una nueva Colombia y en la definición y construcción de un desarrollo verdaderamente sostenible, o más bien, de formas de vida sostenibles que posibiliten la paz.

Agradecemos el apoyo de "Viva la Ciudadanía" y su alianza para la ejecución de esta tarea que forma parte de los esfuerzos de la sociedad civil para transformar el presente y rediseñar el futuro de nuestro país, así como las críticas, sugerencias y comentarios que nos han permitido enriquecer este primer documento de discusión y de trabajo.

Gustavo Wilches-Chaux

Popayán, Agosto 21 de 1998

 

  1. EL CARÁCTER TRANS-SECTORIAL, TRANSVERSAL Y MULTIDIMENSIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
  2. Cuando hablamos de "medio ambiente" o de "ambiente", no nos estamos refiriendo sólo a algún aspecto o componente de la realidad que podamos disecar o separar de los demás elementos e interacciones que la conforman, sino a ese "conjunto de todas las condiciones externas e influencias que afectan la vida y el desarrollo de los organismos", incluidos, por supuesto, los seres humanos como individuos y como sociedad. Es decir, a las circunstancias espaciales y temporales en las cuales se desenvuelve la vida de todos y cada uno de nosotros, y que surgen como resultado de procesos ecológicos e históricos que, a su vez, son una combinación de procesos sociales, culturales, políticos y económicos, mutuamente trenzados y condicionados entre sí.

    En consecuencia, las propuestas sobre ambiente, paz y desarrollo, y sobre lucha contra la pobreza y construcción de la equidad, elaboradas desde el pensamiento y la práctica de los ambientalistas colombianos, no pueden limitarse a los aspectos estrictamente "ecológicos" de las relaciones objeto de estas propuestas, sino que los principios y enfoques que las inspiran y orientan, abarcan todos los sectores, aspectos y dimensiones de la realidad nacional.

    Tenemos claro que el medio ambiente no constituye un "sector" en el sentido convencional con que se utiliza la palabra para referirse, por ejemplo, al "sector ambiental" (equiparándolo con el sector energético, el educativo o el de las comunicaciones), sino una variable que atraviesa y condiciona a todos los campos y sectores de la actividad nacional, y que a su vez es influenciada por éstos, en mayor o menor medida, dependiendo de la capacidad de impacto que posean dichos sectores y actividades sobre la sociedad y sobre los espacios urbanos y rurales que le sirven de escenario a la vida social.

    Debemos ser expresos también, en el sentido de que si bien nuestras propuestas le conceden toda la importancia y el énfasis que se merece la "gestión ambiental", entendida como el adecuado manejo de los ecosistemas rurales y del hábitat urbano de los colombianos, en su propósito y en su contenido trascienden los aspectos tecnológicos de dicha gestión (como son, por ejemplo, la agricultura orgánica o las técnicas adecuadas para acompañar la recuperación de ecosistemas degradados), para abarcar aspectos mucho más globales e integrales, de manera que más que de "gestión ambiental" en sentido estricto, estamos hablando de "gestión social", con miras a un nuevo modelo de desarrollo, orientado por lo que convencionalmente se ha venido denominando en los últimos años como sostenibilidad.

    Lo cual determina que nuestras propuestas sean, para decirlo claramente, eminentemente políticas, en el sentido con que utilizaba el término el recientemente fallecido maestro Alvaro Pío Valencia cuando, al comparar la poesía con la política, afirmaba que la primera es "el arte de la armonía interior" y la política "el arte de la armonía exterior".

  3. LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL
  4. Consecuentes con lo anterior, entendemos que la sostenibilidad, concepto que subyace tras el de desarrollo sostenible que quedó consagrado en 1991 como principio constitucional, no se refiere exclusivamente al adecuado manejo de las relaciones entre los seres humanos y su entorno ecológico natural, sino que también abarca, a la manera de un sistema complejo y no lineal, todos los factores y todas las interacciones que determinan que nuestro país, incluidos nosotros mismos, sea como es.

    Para que el país sea sostenible, es decir, para que nuestra sociedad y quienes la conformamos, podamos satisfacer nuestras necesidades de corto y de mediano plazo, sin destruir los fundamentos y procesos dinámicos que garantizan que las podamos seguir satisfaciendo en el largo plazo, y que las generaciones que nos siguen encuentren y conserven un planeta en el cual sea posible la vida con calidad y dignidad, debemos entender, parafraseando a Max Neef, que la sostenibilidad debe convertirse, más que en un punto estático de llegada, en una manera social de ser; de tener de hacer y de estar.

    Es decir, en lo que en la introducción denominamos "un compromiso político con el cosmos", entendiendo por "cosmos" desde los microorganismos que habitan nuestros ecosistemas interiores –nuestros propios cuerpos-- hasta el conjunto de las grandes galaxias y demás "cuerpos celestes" que forman parte del Universo conocido y del desconocido, pasando por todas las formas vivas y las interacciones que conforman la biosfera terrestre. Un compromiso político que deberá ir renovándose día tras día y generación tras generación.

    Entendida como sistema (conjunto de elementos inter-relacionados e interactuantes y de las relaciones entre ellos) y como proceso (desarrollo del sistema en el tiempo), la sostenibilidad posee múltiples dimensiones, también inter-relacionadas entre sí: económica, ecológica, social, política, institucional, organizativa, tecnológica, educativa, etc.

    Que una sociedad sea o no sea sostenible en un momento determinado, depende del resultado de la interacción compleja entre todas esas dimensiones entre sí.

    En el anexo de este documento incluimos una serie de preguntas que nos pueden ayudar para determinar si un proceso particular está haciendo más o menos sostenible a una comunidad.

  5. TRES CONCEPTOS PARA REDIMENSIONAR LA DISCUSIÓN
  6. A lo largo de este documento vamos a encontrar, implícita o explícitamente, tres conceptos, íntimamente inter-relacionados entre sí, que generalmente no se tienen en cuenta ni en los diagnósticos y propuestas sobre violencia, ni en las discusiones sobre pobreza, ni en los debates sobre desarrollo, pero que sin lugar a dudas contribuyen a la insostenibilidad absoluta de la Colombia actual. Nos referimos a los conceptos de "equidad ambiental", "pobreza ambiental" y "violencia ambiental", ligados a los conceptos más generales de equidad e inequidad, de pobreza y de violencia, aunque no necesariamente sinónimos de éstos. Por ejemplo, a cambio de la reducción de su pobreza económica, una comunidad puede aceptar la instalación en su territorio de una fábrica contaminante que generará algunos empleos en la zona, lo cual va a significar un incremento de su pobreza ambiental.

    No con el ánimo de definirlos, sino más como una invitación a que conjuntamente enriquezcamos su contenido y exploremos sus posibilidades (especialmente en términos de aportarles nuevas dimensiones a los indicadores existentes para medir desarrollo y calidad de vida), vamos a abordar esos términos desde las razones que en nuestro concepto justifican su inclusión en nuestras propuestas

    Equidad Ambiental: Hace referencia a la posibilidad real para acceder (y al acceso efectivo) a los bienes y servicios materiales, espirituales y culturales que le ofrece el medio ambiente a una persona o a una comunidad, y que constituyen un requisito indispensable para poder ejercer el derecho a una vida con calidad. En otras palabras, tiene que ver con las oportunidades de un individuo o de una comunidad para hacer realidad el "derecho a gozar de un ambiente sano" que consagra el artículo 79 de la Constitución Nacional.

    Pobreza Ambiental: Hace referencia a la imposibilidad o pérdida de la posibilidad para acceder a esos bienes y servicios. En el primer caso, se trata de aquellas personas cuya existencia se desarrolla en un ambiente cuyos niveles de deterioro le impiden ofrecerles a sus habitantes bienes y servicios ambientales en la cantidad y con la calidad necesarias para alcanzar una vida con calidad y dignidad (por ejemplo un asentamiento marginal en zona de alto riesgo o en la vecindad de un botadero de basura), y en el segundo caso, de aquellas personas (individuos o comunidades) que algunas vez disfrutaron de dicha oferta, pero que por alguna razón perdieron esa posibilidad (desplazamiento forzado de su territorio de origen, deterioro del medio ambiente urbano o rural por contaminación, erosión, cambio de uso, etc.).

    Tiene que ver también con conceptos como el de "plus valía ecológica", que alguna vez se utilizó para referirse a la apropiación de derechos, bienes o servicios ambientales de propiedad colectiva para incrementar el lucro individual (caso de una fábrica contaminante o de una actividad económica que destruye la biodiversidad). Tal como se expresó en el ejemplo utilizado algunos renglones atrás, la reducción de la pobreza (vulnerabilidad) económica puede significar empobrecimiento (mayor vulnerabilidad) ambiental, espiritual o cultural.

    Violencia ambiental: Hace referencia a la utilización de presiones irresistibles (fuerza física, presión económica, presión "legal", etc.) que de una u otra manera, directa o indirecta, significan conculcar los derechos ambientales de un individuo o de una comunidad.

  7. EL PANORAMA MUNDIAL
  8. a. La pérdida de capacidad de autorregulación de la biosfera

    La humanidad ingresa al siglo XXI de la era cristiana en un planeta cuya biosfera (como lo prueban el fenómeno de El Niño y sus efectos), o ha perdido su capacidad de autorregulación debido a las múltiples agresiones de que ha sido objeto, o está buscando un nuevo "orden" ecológico a través de procesos de cambio a los cuales no se encuentra debidamente adaptada nuestra especie.

    Múltiples estudios, entre otros las investigaciones de LA RED, han demostrado que mientras el número de eventos de origen natural, tales como terremotos o erupciones volcánicas, ha permanecido constante en las últimas décadas, esos mismos eventos cada vez producen más desastres y esos desastres cada vez producen más pérdidas económicas y víctimas humanas.

    Si los riesgos, como potencialidad de un desastre (y los desastres como actualización de los riesgos) surgen de la confluencia de unas amenazas con unos factores de vulnerabilidad, y si, como ya se dijo, las dinámicas de la naturaleza susceptibles de convertirse en amenazas no han cambiado, necesariamente tiene que ser la vulnerabilidad, el otro factor de la ecuación, la que se ha incrementado. Es decir, que la comunidad humana en su conjunto es cada vez más vulnerable.

    Por otra parte, los fenómenos de tipo socio-natural (como las inundaciones y los deslizamientos, que se expresan a través de la naturaleza pero cuya causa última es la actividad humana), sí han aumentado en cantidad y en intensidad debido al equivocado manejo que les hemos dado a los ecosistemas con los cuales nos relacionamos, e incluso existen pruebas de que también los huracanes (que hasta hace poco se consideraban fenómenos eminentemente naturales), se han incrementado en cantidad y en poder destructivo como consecuencia del "calentamiento global" de nuestro planeta.

    Así mismo, fenómenos eminentemente antrópicos, como la contaminación ambiental en todas sus formas y la violencia en sus múltiples expresiones, también han aumentado, dando lugar tanto a nuevas y más graves amenazas como a formas más dramáticas de vulnerabilidad, o sea, de incapacidad o debilidad de las comunidades para adaptarse constructivamente a los cambios dentro de su propio interior y del ambiente que ocupan.

    Durante los últimos trescientos años (y de manera acelerada a partir de la segunda mitad de este siglo) se ha venido imponiendo una concepción del desarrollo basada, en los hechos, en la explotación de la naturaleza por parte de la especie humana, en la explotación de unas regiones del planeta por parte de otras y en la explotación de unos sectores mayoritarios de la población del mundo por parte de unas minorías privilegiadas.

    A esa concepción del desarrollo, causa y consecuencia de la cultura predominante y a la cual, sin duda alguna, se le deben reconocer múltiples beneficios para la sociedad humana, se le debe atribuir también la demostrada incapacidad de nuestra especie para relacionarse con la Tierra de manera sostenible, entendida la sostenibilidad en los términos con que explícitamente la enfocamos unos párrafos atrás para efectos de este documento.

    Incapacidad que se expresa en esa cada vez mayor vulnerabilidad (económica, ecológica, política, social, tecnológica, cultural, institucional, etc.) de la mayor parte de los seres humanos que habitan el planeta, y en el incremento de las amenazas capaces de desencadenar nuevos desastres tanto a partir de fenómenos de origen natural como por procesos eminentemente antrópicos.

     

    b. La profundización de la brecha entre ricos y pobres

    Una expresión máxima de esa concepción del desarrollo, la constituye el modelo neoliberal de la economía (con todos sus efectos sobre las demás dimensiones de la existencia humana), según el cual las leyes del mercado están en capacidad, por sí mismas, de determinar qué es bueno y qué no es bueno para el planeta y para los seres que lo habitamos, y de eliminar, por una especie de "selección natural del más apto", a todos los modelos de relacionamiento entre seres humanos y entre nosotros y la biosfera, que no satisfagan los principios o los propósitos de esa forma de entender y de impulsar el desarrollo.

    Sin embargo, los hechos están demostrando que, así como en términos estrictamente ecológicos la población humana es cada vez más vulnerable, también en términos sociales y económicos la brecha entre los ricos y los pobres es cada vez más profunda, lo cual se traduce, directamente, en unas condiciones de mayor vulnerabilidad para quienes padecen la pobreza y para los ecosistemas que ocupan, pero también, indirectamente, para las minorías del planeta que acumulan en sus manos y consumen más recursos, y cuyo impacto sobre la Tierra, en consecuencia, es más significativo. En un sistema complejo, dinámico y no lineal como la biosfera, cuyos elementos están íntimamente interconectados entre sí, las vulnerabilidades de unos, necesariamente, se convierten tarde o temprano en vulnerabilidades de todo el sistema.

    El documento elaborado por el Comité Académico del proceso preparatorio de la Cumbre Social contra la Pobreza y por la Equidad y por la Paz de 1998 resalta los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, según los cuales en el planeta existen 358 personas cuyos activos superan los mil millones de dólares cada uno, de manera que su riqueza es mayor que el ingreso del 45% de todos los habitantes de la Tierra (aproximadamente 2.700 millones de personas). El 20% más rico de la población mundial concentra el 85% del producto total, mientras que el 20% más pobre sólo dispone del 1.5% de ese producto.

    Otro documento auspiciado por el PNUD, titulado "Educación - La Agenda para el Siglo XXI", confirma cómo "la globalización económica no está reduciendo la disparidad en los niveles de vida. Al contrario: entre 1960 y el comienzo de la presente década, la participación en el ingreso del 20% más rico de la población mundial saltó de un 70% a un 87% y el coeficiente de Gini --una medida sumaria de desigualdad-- se deterioró de un penoso 0.69 a un escandaloso 0.87. Los contrastes, por lo mismo, siguen siendo abismales: la esperanza de vida al nacer va desde 33.6 años en Sierra Leona hasta 79.8 años en Japón. El alfabetismo adulto va desde 13% de Niger hasta casi 100% de los países industrializados, y el ingreso per capita ajustado por el costo de vida local sigue yendo desde 352 dólares de Ruanda hasta los 34.155 en Luxemburgo."

    Por su parte el documento "Nuestra Propia Agenda" indica que "aunque la situación varía entre los países, se estima que en 1960 la población bajo el nivel de pobreza en América Latina y el Caribe era de 110 millones de personas y representaba el 51 por ciento de esa población. El porcentaje disminuyó al 40 por ciento en 1970 y al 35 por ciento en 1980. Sin embargo, la tendencia cambió en la presente década, estimándose que los pobres de la Región (163 millones) volvieron a representar no menos del 40 por ciento de la población, de los cuales 61 millones estarían en el nivel de la extrema pobreza.

    El número absoluto de pobres (en América Latina y el Caribe) en 1985 era casi un 50 por ciento mayor que el existente en 1960 y un 25 por ciento mayor que el de 1980. En 1990, el número de pobres alcanzó 204 millones. En cuanto a las necesidades básicas, se calcula que un 40 por ciento de los hogares no consumen el mínimo de calorías necesarias; que de 12 millones de niños nacidos anualmente, más de 700.000 mueren antes de los doce meses; que la tasa de deserción en la escuela primaria es del 15 por ciento (mayor que las de Africa y Asia); el desempleo y el subempleo afectan al 44 por ciento de la fuerza laboral y el 68 por ciento de las viviendas pueden clasificarse como inadecuadas."

    En términos de calidad atmosférica en América Latina y el Caribe, se calcula que 81 millones de habitantes de zonas urbanas de la región están expuestos de manera permanente a condiciones atmosféricas inadecuadas, y 38 millones de personas habitan en ciudades donde la contaminación se considera "solamente intermitente", lo cual se traduce, en enfermedades respiratorias crónicas y pérdida de capacidad laboral. En Ciudad de México se han multiplicado por seis las muertes debidas a cáncer y enfermedades respiratorias desde 1956, y las enfermedades cardiovasculares se han cuadruplicado. Y en cuanto a agua y saneamiento ambiental hace referencia a que "la región presenta todos los inconvenientes del modelo de desarrollo industrial, pero sin los beneficios que este acarrea para los países desarrollados. Varios de los principales ríos de la región presentan problemas de contaminación biológica y química, producto especialmente de los centros urbanos, de la industria y de la agricultura (fertilizantes, plaguicidas, etc.)".

     

     

     

     

    c. La globalización neoliberal y sus efectos

    En las últimas décadas la implantación de las políticas neoliberales y "de ajuste" impuestas por los organismos financieros internacionales a los países de América Latina, produjeron no solamente un empobrecimiento mayor de los sectores más pobres de la población (con consecuencias como el "caracazo" de Venezuela"), sino además un deterioro notable de la calidad de vida de los sectores de clase media que tradicionalmente habían cumplido la función de "colchón amortiguador" de los desequilibrios económicos en los países del llamado Cono Sur. En su "Libro de los Abrazos", Eduardo Galeano transcribe un grafiti que apareció a la entrada de una zona tugurial de Montevideo en los momentos en que las políticas neoliberales comenzaron a surtir sus efectos en el Uruguay, que a la letra rezaba:

    ¡BIENVENIDA CLASE MEDIA!

    Así mismo, se habla de "el milagro chileno" para referirse a los resultados de las políticas neoliberales y de ajuste económico y fiscal en Chile, cuando el verdadero milagro es que las clases medias y populares de ese país hayan podido sobrevivir a dichas políticas.

    En nuestro país el impacto de esas mismas políticas no se sintió en un principio de manera tan abrupta e inmediata, debido en parte a la existencia de una bonanza económica artificial y aparente, producto de la economía del narcotráfico, pero en este momento todos los sectores económicos y sociales, urbanos y rurales, resienten en toda su magnitud (cierre de empresas, abandono del campo, concentración de la riqueza en pocas manos, desempleo, pérdida de la capacidad adquisitiva y deterioro de la calidad de vida) los efectos de la apertura económica neoliberal, tal y como se aplicó en Colombia, sin haber tomado las medidas previas necesarias para reducir las vulnerabilidades de nuestra economía frente al resto del mundo. Hay que preguntarse, por supuesto, si en el contexto de la economía global existía alguna posibilidad real de reducir esas vulnerabilidades.

    Inclusive países como los llamados "tigres asiáticos" (Tailandia, Corea, Indonesia, Malasia, Filipinas y Japón) han caído en los últimos meses en una crisis económica, política, social y sociológica que nadie se hubiera atrevido a pronosticar cuando nos los mostraban como ejemplos del éxito y de las posibilidades infinitas de las políticas neoliberales y de la globalización.

    "Tras observar el desempeño de los negocios y el tamaño de su economía puede decirse que era difícil anticipar el tamaño de la actual crisis económica en el Asia. Los más pesimistas esperaban sólo una decadencia gradual en la tasa de crecimiento. Sin embargo, lo que ha experimentado la economía de esta región del mundo es algo más complejo y dramático: el colapso del mercado doméstico de valores, un generalizado fracaso de la banca, gran pérdida de valor de la moneda, altos niveles de inflación, quiebra de un gran número de empresas, resultando lo que parece ser una severa y real desaceleración de la economía."

    En cuanto al Japón, "vale la pena señalar que en el presente año las bancarrotas de entidades financieras y corporaciones han aumentado en 30%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Sólo en febrero, 1.583 compañías se declararon insolventes; se calcula que para fines de este año el número de entidades financieras en quiebra puede llegar a ser de 17.000."

    La prensa registra un promedio de 65 suicidios diarios de empresarios japoneses, como consecuencia de la recesión económica.

    La misma General Motors acaba de liquidar cerca de 50 mil trabajadores en Estados Unidos, un equivalente al 22% de su planta laboral.

    Un panorama mundial como el descrito, se presenta en un planeta que en el año 2.000 pasará de seis mil millones de habitantes (cifra que se alcanzó en 1998), que en el 2.009 llegará a siete mil millones, en el 2.021 a ocho mil millones, en el 2.035 a nueve mil millones y en el 2.054 a diez mil millones, es decir, que para ese año la población mundial se habrá duplicado en comparación con el número de personas existentes en 1987 sobre la faz de la Tierra.

    En un planeta cuya alimentación depende en un 90% de solamente veinte especies (tres de las cuales –maíz, arroz y trigo—representan más de la mitad) y cuya biodiversidad animal, vegetal, genética, étnica, cultural y ecosistémica se está empobreciendo a ritmo acelerado como consecuencia del deterioro del ambiente y de la homogenización de las culturas regionales y locales, lo cual se traduce en que, en términos de seguridad alimentaria, la humanidad es cada vez más vulnerable.

    En un planeta en el cual el acceso al poder depende de la capacidad de acceder oportunamente a la información pertinente y necesaria, y de digerir esa información y convertirla en decisiones eficaces. Se calcula que a principios de este siglo en los Estados Unidos dos tercios de la población trabajadora se encargaba de la fabricación de objetos materiales y hoy dos tercios de esa misma población se dedica exclusivamente a tomar decisiones.

    Según el informe "Colombia: Al Filo de la Oportunidad" de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, "no es una coincidencia que el 94% del número total de científicos pertenezcan al Primer Mundo. Aun cuando el Tercer Mundo representa el 77% de la población mundial (...) posee un mero 6% de los científicos del mundo. Los países desarrollados, con el 23% de la población humana, lideran los sistemas de mercado, controlan la generación, transferencia y comercialización de tecnología y fomentan la investigación científica. Sólo el 1% de los científicos del mundo son latinoamericanos, y de estos sólo el 1% son colombianos. Colombia cuenta en la actualidad con 5.000 científicos (180 por millón)... Para un nivel adecuado de competencia, con una población de 36 millones de habitantes Colombia debería tener en la actualidad no menos de 36.000 científicos e ingenieros. Países industrializados como el Japón cuentan entre 3.548 y 4.853 científicos e ingenieros por millón de habitantes, y los Estados Unidos entre 2.685 y 3.265."

    Lo paradójico es que no menos del 50% de los científicos de los Estados Unidos está ligado en una u otra forma a la actividad militar, a la cual hoy se destinan anualmente 250 mil millones de dólares (apenas 50 millones menos que cuando la guerra fría se encontraba en su punto más álgido).

    A pesar de avances humanos tan significativos como el INTERNET, que aparentemente democratiza de una manera sin precedentes el acceso a la información disponible en la humanidad en este instante, todavía es muy grande la brecha entre los países que generan información para la toma de decisiones y los países que se limitan solamente a recibir tanto esa información como las decisiones que otros adoptan. Y a nivel interno, es todavía muy grande –en muchos casos cada vez más grande-- la brecha entre quienes tienen acceso a la información y a los procesos de toma de decisiones y quienes, para efectos prácticos, se encuentran en situación de marginalidad y analfabetismo.

    d. Nuevos riesgos y nuevas posibilidades

    El próximo siglo será testigo de la aparición de nuevas amenazas, de nuevas vulnerabilidades y, en consecuencia, de nuevos riesgos, así como de la redefinición cuantitativa y cualitativa de riesgos ya existentes, lo cual exigirá profundas transformaciones culturales para poder afrontar los retos que ellos conllevan y poder garantizar un futuro sostenible para la especie humana sobre la superficie de la Tierra.

    Sólo a manera de ejemplo, vamos a mencionar la "democratización" del poderío nuclear, que ya constituía una peligrosisima amenaza para la humanidad cuando era monopolio de las grandes potencias, pero que ahora, en manos de países "subdesarrollados" (para utilizar la denominación convencional) o "subsostenibles" (para utilizar nuestra propuesta), cuyos modelos de éxito (o al menos los de sus dirigentes) no difieren de los de esas potencias, adquiere nuevas dimensiones y nuevas connotaciones, no menos peligrosas para la existencia de la vida en nuestro planeta.

    O el desarrollo de la biotecnología de punta, que si bien encierra prometedoras perspectivas en cuanto a la posibilidad de curar enfermedades como el SIDA, el cáncer o la creciente gama de enfermedades auto-inmunes para las cuales no se ha encontrado todavía una cura satisfactoria (y que, según varios investigadores, están íntimamente relacionadas con la manera como se ha concebido y administrado la salud en la cultura predominante), también conlleva múltiples riesgos, previstos unos (como sus posible aplicación para usos bélicos), insospechados otros. La biotecnología de punta avanza con pasos mucho más veloces que la ética (la bioética) y, por supuesto, que la capacidad humana para convertir esa bioética en un compromiso de responsabilidad colectiva que obligue especialmente a los políticos, a los científicos y técnicos, a los inversionistas, a las universidades y a las empresas y laboratorios que tienen en sus manos los recursos económicos, científicos y técnicos para manipular el software y el hardware genético de los seres vivos, incluidos nosotros los humanos. En ese desfase entre el avance de la biotecnología y el de la bioética como patrimonio cultural colectivo, radica el principal motivo de riesgo.

    O, no lejos de la biotecnología, el avance de la informática y de campos específicos de aplicación de la misma como son la inteligencia artificial (AI: Artificial Inteligence) y la vida artificial (A-Life: Artificial Life), capaces de redefinir incluso el significado mismo de la condición humana y que, para bien o para mal (dependiendo de nuestra capacidad para administrarlas), introducirán profundas transformaciones en la vida cotidiana no solamente de los países capaces de liderar esos avances, sino de todos los seres humanos. Pensemos solamente en la capacidad de los virus informáticos para alterar la normalidad de un mundo cada vez más dependiente de las computadoras, para no hablar de las perspectivas de la llamada ciberguerra (ciberwar) o de la llamada bioguerra (biowar), basadas ambos en los mismos principios, la primera actuando sobre y con información digital, la segunda sobre y con información biológica.

    Lo anterior, aparte de temas que todavía parecen propios exclusivamente de la ciencia ficción, como las implicaciones que tendrá sobre el desarrollo del mundo --y en consecuencia sobre la paz y la guerra en el mundo-- la capacidad del ser humano para manejar el clima; o la capacidad para predecir con exactitud la ocurrencia de terremotos; o el significado y los efectos resultantes de un eventual contacto con otras formas de vida (no importa cuan "elemental" esta sea), logros de los cuales muy seguramente van a ser testigos los habitantes del siglo XXI.

    Si no hemos logrado desarrollar una ética que nos permita interactuar respetuosamente con las demás expresiones de la vida que comparten con nosotros el planeta (basadas todas, al igual que nosotros, en una misma "biología" del carbono), ¿cómo vamos a estar capacitados para convivir creativamente en la diversidad con otras manifestaciones de la vida, basadas o no en los mismos principios que rigen la vida en la Tierra?

    e. Desarrollo y Subdesarrollo versus Sostenibilidad y Subsostenibilidad

     

    En los países del llamado "Tercer Mundo" nos faltan indicadores y parámetros que nos permitan medir el desarrollo en función de nosotros mismos y de nuestras propios caminos, y no necesariamente en comparación con otras realidades, surgidas de otras latitudes, de otros ecosistemas, de otras características étnicas, culturales y económicas, y de otras historias. Nos referimos a nosotros mismos como países "subdesarrollados" o "en vías de desarrollo", no porque nos estemos mirando la cara en un espejo que nos refleja, sino en la fotografía de otros que consideramos y se consideran a sí mismos como "desarrollados".

    Habremos avanzado cuando hablemos de que somos países "subsostenibles" o "en vías de sostenibilidad", o países "sostenibles" o "insostenibles", como resultado de haber analizado nuestras propias realidades, y cuando hayamos definido criterios propios para un desarrollo en función de la convivencia armónica entre las comunidades y su entorno ecológico, de la legitimidad de las instituciones y la representatividad de los gobernantes, de la capacidad de gestión de las comunidades y de la eficacia real de las instituciones democráticas, del respeto a los derechos humanos y de la seguridad alimentaria, o del significado en términos de nuestros propios imaginarios. Y por supuesto, de la eficacia de nuestras propuestas educativas, para formar seres humanos capaces de convertir esos criterios en transformaciones reales.

    No se trata, por supuesto, de limitarse a reemplazar mecánicamente el término subdesarrollado por el término subsostenible o el término desarrollado por el término sostenible, sino de adoptar y socializar nuevos parámetros (y con ellos nuevos indicadores) de evaluación del desarrollo, en función de lo que hemos denominado sostenibilidad global. Si bien es cierto que algunos indicadores de desarrollo, como la disminución de la morbi-mortalidad infantil o el acceso al servicio de agua potable, indican un incremento de la calidad de vida de una comunidad y, desde ese punto de vista, una mayor sostenibilidad, también lo es que, en otros casos, lo que convencionalmente se reconoce como desarrollo, suele acarrear un empobrecimiento ambiental, organizativo y cultural de la comunidad y, en consecuencia, una mayor vulnerabilidad (o lo que es lo mismo: una menor sostenibilidad).

    Así mismo, desde esta óptica también resulta evidente cómo la aparente sostenibilidad de algunos países o de algunos sectores y actores sociales dentro de los países, depende de la insostenibilidad de otros países o sectores sociales, y cómo, en consecuencia, muchas de las sociedades que se denominan a sí mismas desarrolladas, no solamente son insostenibles sino que además exportan al resto del mundo sus insostenibilidad.

  9. EL PANORAMA NACIONAL

a. Entre la biodiversidad y la necrodiversidad

Todas las realidades que hemos resaltado a nivel mundial, poseen sus expresiones y connotaciones propias hacia el interior de Colombia. Ninguno de esos fenómenos globales puede dejar de afectarnos en una o en otra manera, ni dejará de hacerlo en el futuro. No en vano existe una frase según la cual la globalización implica que "no existe lugar para esconderse".

Hay, sin embargo, procesos del acontecer nacional que no pueden explicarse simplemente como reflejo de los fenómenos mundiales y cuya responsabilidad está en manos, si no exclusivamente, sí principal y protagónicamente en manos de los colombianos.

El más dramático de todos es, sin lugar a dudas, el fenómeno de la violencia y sus implicaciones y secuelas sobre la vida diaria de cada vez más colombianos.

La cifra de treinta mil homicidios al año, el hecho de que la expectativa de vida de los hombres jóvenes en Colombia sea de las más bajas de América Latina como resultado de la violencia (lo cual ha determinado que la esperanza de vida de la población masculina no haya crecido en los últimos diez años) y de que el homicidio haya desplazado a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte entre hombres jóvenes y adultos, determina que nuestro país sea, al tiempo que uno de los paraísos de la biodiversidad en el mundo, uno de los más dramáticos imperios de la necrodiversidad en el planeta: mientras en el territorio colombiano, que equivale apenas a 0.8% de la superficie emergida del planeta, se encuentran el 10% de todas las especies vivas de la Tierra, en ese mismo territorio se cometen el 10% de todos los homicidios por fuera de guerra que se comenten en el mundo.

Así mismo, para citar solo otro ejemplo, se sabe que la mitad de todos los secuestros de civiles que se registran en el mundo, ocurren en Colombia.

En cuanto a desplazamientos forzados, hablan los informes del Departamento Nacional de Planeación de que en Colombia, entre 1985 y 1995, se produjeron en el país 586.261 casos registrados de personas que tuvieron que abandonar sus territorios de origen por razones violentas (cifra que corresponde a 108.301 hogares), y los informes del Gobierno y de las organizaciones de derechos humanos indican que entre ese año y 1997 se produjeron entre 100 y 300 mil casos adicionales. No existen datos precisos a la fecha (Junio de 1998), pero la agudización de la violencia, de las masacres y de los desplazamientos en el primer semestre de este año, permite presumir que el número de desplazados en Colombia está en este momento entre un millón y un millón y medio de personas.

b. La pobreza en Colombia

El documento del Comité Académico de la comisión preparatoria para la Cumbre Social anota cómo "en el país la probabilidad de ser pobre aumenta en ciertas regiones y entre algunos sectores poblacionales. Para nadie es un secreto que las mujeres asumen en mayor proporción los costos de la pobreza. Ese es un fenómeno que se ha dado en llamar "la feminización de la pobreza". Los jóvenes igualmente enfrentan difíciles condiciones de inserción social resultante en muchos casos de múltiples mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza."

"La participación de las mujeres en los ingresos provenientes del trabajo es apenas del 32%. Las mayores tasas de desempleo se presentan entre las mujeres jóvenes (34,3% para mujeres entre los 15 y 19 años, y 20.6% para las mujeres entre los 20 y los 29 años)"

"A nivel regional, la extensión de la pobreza es bastante diferenciada. Sucre, Chocó, Córdoba, Cauca, Cesar, La Guajira, Boyacá, Nariño, Tolima, Bolívar y Santander, son los departamentos en los que se presenta una mayor extensión de la pobreza medida por el NBI. Los niveles de pobreza van desde 64,1% en Sucre, hasta 33,3% en Santander. Bogotá presenta la menor extensión de la pobreza por ese indicador en términos porcentuales, pero en términos absolutos, presenta el mayor número de pobres."

En 1993 el número de Colombianos por debajo de los límites de la pobreza era del 35%, y de un 15% por debajo de los límites de la pobreza extrema.

En Julio de 1997 el desempleo afectaba a 865 mil personas (14%), con cifras muy superiores al promedio nacional en dos de las ciudades más caracterizadas por su desarrollo industrial: Cali (18.8%) y Medellín (15.9%). Para entonces se calculaba que el índice de subempleo alcanzaba el 15.1%.

c. Pobreza, inequidad y violencia ambiental

Agua y saneamiento ambiental

Si dividiéramos la cantidad de agua existente en Colombia, por el número de habitantes, a nivel teórico podríamos afirmar que a cada persona corresponderían 44.000 metros cúbicos anuales. La precipitación anual en Colombia se calcula en 3.425 kms3 y la evaporación en 1.313 kms3, lo cual deja una disponibilidad de 2.000 kms3 por año.

"En 1987 en Colombia existían 13'158.000 personas sin conexión al servicio de acueducto (43%) y 18'054.000 sin servicio de alcantarillado. Mientras que el 44% de la población vive en localidades donde la cobertura de acueducto supera el 70%, el 49.3% habita en localidades donde esa cobertura es menor del 55%. Respecto al alcantarillado la brecha es mayor, mientras el 27% de la población está ubicada en localidades con una cobertura superior al 75%, el 55.9% reside en localidades donde la cobertura no llega al 50%. Según otra fuente (El Tiempo, 6-10-88), 50.000 niños menores de cinco años mueren cada año en Colombia debido al consumo de agua no potable y 13 millones de colombianos no tienen servicio de agua. Del total de pobladores de Colombia, 16 millones no gozan de servicio de alcantarillado. De los que tienen servicio de acueducto, 7 millones toman agua no potable. (...) Sólo cinco localidades de un total de 1.019 municipios (0.49%) tratan sus aguas residuales antes de disponerlas a las fuentes receptoras. (...) Con las cargas orgánicas actuales ya en los ríos vecinos a los centros urbanos los sistemas hídricos se han degradado hasta el punto en que prácticamente son inservibles."

Además de lo anterior, se calcula que el 15% del las 15.900 toneladas diarias de basura que produce el país, es decir, cerca de 90 mil toneladas, va a caer a los cuerpos de agua.

"A esto se agregan los vertimientos directos de las industrias, la generalizada falta de plantas de tratamiento a lo largo y ancho del país, la falta de disposición de excretas en el 35% de las zonas urbanas y en el 63% de las zonas rurales, los residuos químicos de la agricultura, los lixiviados que se filtran de varios de los rellenos sanitarios donde se deposita el 325 de las basuras y, en la última década, la contaminación causada por la voladura de oleoductos y los cultivos ilícitos."

Contaminación de la Atmósfera y el Agua

En el país existen (según datos de 1990) 4.737 industrias que vierten efluentes contaminantes a las corrientes de agua (85% del total de establecimientos industriales), y 2.139 que lo hacen a la atmósfera (38.5% del total). De estas últimas, las más contaminantes son las que utilizan gases clorados, derivados del boro y sustancias nitrogenadas que se emplean como impulsoras en aerosoles, equipos de refrigeración y aire acondicionado, producción de plásticos, etc. Las siguientes cifras muestran el origen de las 5'293.389 toneladas de contaminantes arrojados a la atmósfera en el país en 1985 por actividades urbanas: parque automotor: 69.7%, industria: 29.5%, generación de energía: 0.8%. De éstos, el 59.5% correspondió a monóxido de carbono (CO), 26,5% a partículas, 3.0% a dióxido de azufre y 5.1% a óxidos de nitrógeno.

Según el "Perfil Ambiental de Colombia", a principios de esta década se utilizaban en Colombia 18'400.000 litros de plaguicidas líquidos y 21.000 toneladas de sólidos. Los insumos agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) representaban entre el 35 y el 40 por ciento de los costos de producción agrícola. Al momento de realizarse el "Perfil Ambiental de Colombia", los primeros representaban el 72% de las importaciones nacionales y los segundos el 89%.

En 1990 se calculó que Colombia arrojaba a la atmósfera 113 millones de toneladas de gas carbónico como consecuencia de la tala y quema de bosques, lo cual coloca al país en una posición desproporcionada con una tasa anual por habitante de 4 toneladas, igual a la de Estados Unidos, y por encima de países industriales como Francia e Italia.

 

 

Deforestación

Los suelos colombianos con vocación forestal alcanzan los 780.000 kilómetros cuadrados. Colombia posee actualmente el 43% de su territorio cubierto por bosques naturales, la mayor parte en la región amazónica y la Costa Pacífica. El Departamento Nacional de Planeación estima la deforestación en Colombia en 600.000 hectáreas anuales. Entre las medidas para frenar este proceso, el país ha protegido bajo la categoría de reserva natural aproximadamente un 10% de su territorio.

d. Los costos económicos de la guerra

Además de los costos en vidas humanas y de oportunidades que conlleva la guerra, calcula un estudio elaborado por el Departamento Nacional de Planeación que en términos económicos ésta le ha costado al país, sólo entre 1990 y 1994, una suma equivalente a 12,47 billones (millones de millones) de pesos de 1995, incluidos en esa cifra el Gasto Público, el Gasto Privado y el "Capital Humano", calculado sobre la base de "una estimación de los ingresos futuros de una persona a partir de su valor presente... 6.8 billones representados en años laborales de colombianos perdidos entre 1990 y 1994" y un valor equivalente al 9.08% del Producto Interno Bruto entre 1991 y 1996.

1990

1991

1992

1993

1994

Total

Gasto Público

Sector Defensa

515.007

445.635

667.227

1.089.344

698.775

3.415.988

Sector Petróleo

123.427

152.698

138.421

52.673

47.540

514.759

Regalías no causadas

21.664

25.631

26.862

10.066

9.759

93.982

Otros gastos

4.724

29.839

10.088

14.079

13.362

72.092

Total gasto público

664.822

653.803

842.598

1.166.162

769.436

4.096.821

Como % costo total

29%

24%

32%

43%

35%

33%

Gasto Privado

Secuestro, robo, extorsión

161.562

161.908

179.951

307.139

810.560

Sector petrolero

93.238

112.336

102.551

45.337

41.865

395.327

Otros

35.875

48.688

74.141

72.441

57.285

288.430

Total gasto privado

129.113

322.586

338.600

297.729

406.289

1.494.317

Como % costo total

6%

12%

13%

11%

19%

12%

Capital Humano

1.488.630

1.721.307

1.435.858

1.229.425

1.003.842

6.879.062

Como % costo total

65%

64%

55%

46%

46%

55%

Costo total

2.282.565

2.697.696

2.617.056

2.693.316

2.179.569

12.470.200

Costo total % PIB

4%

4.1%

4.4%

4.4%

3.4%

"En síntesis", afirma un estudio más reciente del DNP sobre el mismo tema, "si se suman los costos de la criminalidad urbana y los costos que se generan por el conflicto armado, entre 1991 y 1996 los costos brutos de la violencia en Colombia ascendieron a $17.2 billones de 1995, lo que equivale a un 25,3% del PIB, con un promedio anual de 4.2% del PIB. (...) En el total de costos brutos de la criminalidad en Colombia, la pérdida de vidas representa el 31%, el exceso de gasto militar el 22%, el gasto en seguridad el 17%, delitos patrimoniales 15%, secuestro, robo y extorsión 12% y por último terrorismo con el 2%.(...) Por otro lado los costos netos de la violencia urbana y el conflicto armado entre 1991-1996, alcanzaron los $12.5 billones de 1995, es decir un 18.5% del PIB, que en promedio al año representan el 3.1% del PIB. En el total de costos netos de la criminalidad en Colombia, la pérdida de vidas tiene la mayor participación con un 43%, seguida del exceso de gasto militar con 30%, gasto en seguridad con 23%, terrorismo con 3% y salud con un 1%."

Y concluye el mismo estudio: "En general para el periodo 1991-1996, de los costos totales de la criminalidad, la urbana representa el 64.5% y el conflicto armado el restante 35.5%. Un mensaje importante es la dinámica que ha adquirido la criminalidad desde 1993. (...) Además de ser costosa económicamente, la violencia es un "impuesto" bastante regresivo ya que los mayores costos, que son vidas y capital humano, los pagan los sectores pobres. La sociedad no puede dudar de los beneficios económicos y sociales de reducir la criminalidad a niveles mínimos."

Un informe elaborado en 1996 por la Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas, indica que en el lapso 1993-1996 el gasto en la fuerza pública alcanzó "las cifras más altas en la historia reciente", al llegar al 3.4% del Producto Interno Bruto en 1995 (equivalente a 2.5 millones de millones de pesos) y al 3.5 en 1996 (equivalente a 3.1 millones de millones). Así mismo, indica la Comisión que dicho gasto "de registrar un crecimiento promedio anual del orden de 4.5% en términos reales en el periodo 1985-90, pasó a 14.7% en 1993-96. (...) Con relación al total de gasto del gobierno central, la asignación presupuestal destinada a la Fuerza Pública representaba cerca del 18% a mediados de la década pasada; sin embargo, alcanzó alrededor de 23% en 1988, como resultado de asignaciones especiales en dólares destinadas a inversión. La participación se redujo a principios de la presente década a 14% pero, una vez más, se ha incrementado a 15% en 1994 y cerca de 19% en años recientes. Si se excluye el gasto de intereses del gobierno central y las transferencias territoriales, el gasto de la Fuerza Pública absorbe cerca de una tercera parte del presupuesto del gobierno central." /

 

Seguridad del país valdrá $ 5,8 billones

La seguridad y defensa le está saliendo muy costosa a los colombianos. Los recursos que se destinarán en 1999 para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ascenderán a 5,8 billones de pesos una cifra gigantesca que equivale al 72 por ciento de los gastos de inversión en educación, salud, vivienda y obras.

Estos recursos corresponden a gastos de funcionamiento entre los que sobresalen el pago de sueldos y pensiones de las fuerzas armadas, compra de armamento y dotación, entre otros.

Es decir, que por cada 100 pesos que pagan los colombianos por impuestos 30 se destinan a la defensa del país. Las cifras hacen parte del presupuesto para 1999 presentado ayer por el ministro de Hacienda, Antonio José Urdinola, ante la Cámara de Representantes.

En total los gastos del Estado ascenderán el próximo año a 44 billones de pesos, de los cuales más de la mitad, es decir 22 billones de pesos se destinarán a funcionamiento y transferencias, 13,5 billones de pesos al pago del servicio de la deuda y 8,0 billones a inversión.

Los mayores crecimientos se registran en el pago del servicio de la deuda interna y externa debido al alza en las tasas de interés y la devaluación del peso en 1998. El incremento en los gastos militares están explicados en las mayores partidas para cubrir gastos relacionados con ascensos en el escalafón, funcionamiento de la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional e incremento del pie de fuerza así: 6.560 en el Ministerio de Defensa y 11.190 en la Policía Nacional En inversión el gasto de defensa y seguridad se orientará a la adquisición de armamento y material de guerra.

En total en el sector defensa se destinarán 5,4 billones de pesos para funcionamiento y solo 364.000 millones para inversión.

El Tiempo, Julio 30 de 1998 – Pag.1

Detrás de las cifras mencionadas existen evidentes intereses económicos a nivel nacional e internacional (comercio de armas y equipos, maquinaria de guerra, apoyo logístico, etc.), al igual que detrás de la actividad guerrillera.

Uno de los principales obstáculos para la paz en Colombia, aunque por supuesto no el único, es que la guerra (en todas sus modalidades) constituye para quienes la alimentan desde afuera y desde adentro del país, un negocio rentable como pocos, montado sobre la eliminación de la vida humana y sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sirven de escenario de vida a los colombianos.

El informe del Departamento Nacional de Planeación que hemos venido citando, afirma que la guerrilla ha pasado de "tener ingresos en 1991 de $349 mil millones a más de $1 billón en 1996, es decir, el 0.58% del PIB. Entre 1991-1996 los ingresos alcanzaron $3.6 billones de 1995 o el 5.3% del PIB. Las participaciones en su orden son: 45% narcotráfico, seguido del robo y la extorsión con un 27% y el secuestro 22% de sus ingresos. Los 7.3% restantes fueron obtenidos a través del desvío de recursos, rendimientos de las inversiones y otros. (...) Las FARC y el ELN tienen como principales fuentes de sus ingresos: el narcotráfico, el robo, la extorsión y el secuestro, que representan más del 90% de sus ingresos. Considerando el número de guerrilleros, los ingresos per capita de la guerrilla se duplicaron entre 1991 y 1996 al pasar de $47 millones anuales de 1995 a $93 millones en 1996 explicado principalmente por los ingresos del narcotráfico."

El mismo informe indica que entre 1991 y 1996 se registraron en el país 6.204 secuestros, "de los cuales un 57% fueron realizados por delincuentes comunes y el 43% restante por grupos guerrilleros." Con base en estadísticas de la Policía Nacional y de la Fundación País Libre, se estimó un costo promedio de pago de rescate por secuestrado, en 1996, de $82 millones de pesos.

e. La relativización del concepto de soberanía nacional

Otro hecho que necesariamente condiciona el escenario nacional e internacional en el cual se desarrolla hoy y se seguirá desarrollando la vida de los colombianos durante las próximas décadas, lo constituye la relativización cada vez mayor del concepto de soberanía nacional, según el cual cada Estado es autónomo y libre para adoptar las normas que deben regir dentro de su propio territorio y para gobernar dentro de él.

Por una parte, en un mundo "globalizado" como el actual, en el cual el concepto de fronteras es cada vez más relativo y en el cual existe cada vez mayor consciencia sobre la interconexión entre los distintos ecosistemas y entre las economías de los distintos países, podría considerarse "normal" que los estados ya no estén en posibilidad de legislar mirando exclusivamente desde sus fronteras hacia adentro, sino que se tengan que establecer legislaciones supranacionales, como las vigentes hoy entre los miembros de la Comunidad Europea o los de la recientemente creada Comunidad Andina, cuya aplicación posee el carácter de "preferencial", aun por encima de las Constituciones internas de los países que las conforman.

Por otra parte, el poder económico (y como consecuencia el poder político, social, cultural y ambiental) que han adquirido las empresas multinacionales en los últimos años, determina que lejos de estar éstas supeditadas a las legislaciones nacionales, sean estas últimas las que terminen por supeditarse a los intereses de las empresas multinacionales.

Por último, Colombia enfrenta una situación particularmente difícil en cuanto a la reducción en términos reales de su soberanía nacional, ante facultades como la que se ha abrogado el Gobierno de los Estados Unidos de certificar o des-certificar unilateralmente a los países, como resultado de la calificación que ese país le otorgue a cada gobierno extranjero por su lucha contra el narcotráfico (léase: por su acatamiento o desacato a las políticas establecidas por los Estados Unidos para adelantar esa lucha). En la misma línea se encuentran leyes como la llamada "Helms-Burton", que expedidas por el Congreso de los Estados Unidos, se aplican por fuera de su territorio. Como se sabe, con base dicha ley, que establece sanciones para las empresas (y los ejecutivos de las empresas) extranjeras que establezcan relaciones comerciales con Cuba, se han llegado a sancionar incluso empresas (y ejecutivos de empresas) canadienses por haber negociado con la isla del Caribe.

f. El desarrollo constitucional, legal e institucional en materia de medio ambiente y gestión ambiental

Un punto que debe destacarse positivamente dentro del panorama nacional, es el desarrollo constitucional, legislativo e institucional que ha tenido el tema del medio ambiente desde la Constitución de 1991 que, como es bien sabido, eleva al más alto nivel jurídico una serie de "principios" de carácter ambiental, como son, entre otros, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano, la obligación del Estado de garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y las prohibiciones de introducir al país desechos tóxicos y nucleares y de fabricar, importar o poseer en territorio colombiano armas químicas, biológicas y nucleares.

En materia legislativa se han expedido una serie de normas para desarrollar los principios constitucionales, la principal de las cuales es la Ley 99 de 1993 mediante la cual se crean el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA, que reforma la estructura pública para la gestión ambiental en Colombia e incorpora a la misma a la sociedad civil (incluido el sector privado) y sus organizaciones.

El país cuenta, entonces, con las herramientas teóricas, institucionales y legales necesarias para realizar una adecuada gestión del medio ambiente encaminada hacia el desarrollo sostenible, considerado a su vez requisito y resultado de la paz en Colombia.

Se necesita avanzar todavía mucho más en la aplicación eficiente y eficaz de las normas en la práctica; en la construcción de una cultura institucional que les permita a los funcionarios públicos pasar de un esquema de feudos cerrados de poder burocrático, a una estructura de sistema abierto a la comunidad, que permita y estimule la participación de la misma en la gestión ambiental; y en la comprensión del ambiente como una realidad que atraviesa transversalmente a todos los actores, sectores y actividades de la vida social.

g. El incremento de la consciencia participativa por parte de la sociedad civil

Otro aspecto que se debe destacar de manera positiva, es la consciencia creciente que existe en el país (tanto en el sector público como en el privado) sobre tres temas relacionados con este documento:

Si bien es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer, constituye un avance que tanto en la Constitución como en las leyes (y muy especialmente en las leyes ambientales) se consagre la participación ciudadana como derecho y deber y se definan mecanismos jurídicos y espacios para la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y particularmente en la gestión ambiental. Así mismo, no solamente se consagra la participación ciudadana en las distintas políticas sobre temas particulares de la actividad nacional, sino que existe una política dedicada específicamente a la "Promoción de la participación de la sociedad civil: del derecho a participar a la participación efectiva" (Documento CONPES número 2779 de 1995). Sin bien es cierto que dicha política forma parte del programa del Gobierno de Ernesto Samper que termina en Agosto de 1997, la dinámica del país asegura que el Gobierno de Andrés Pastrana o mantenga la misma línea en materia de participación ciudadana, o fortalezca las condiciones para facilitar que los postulados teóricos se conviertan en realidades prácticas y cotidianas.

En cuanto a la paz como prioridad hace referencia (y a su relación con una adecuada gestión ambiental), a manera de ejemplo vamos a destacar tres hechos fundamentales:

  1. Los resultados del "Mandato Ciudadano por la Paz" que, con más de diez millones de votos en las elecciones del 26 de Octubre de 1997, exigió a los actores de la guerra en Colombia "resolver pacíficamente el conflicto armado".
  2. El hecho de que en la mayor parte de las propuestas de paz, de negociación o de país, procedentes de los distintos actores armados de la guerra al igual que de distintos sectores de la sociedad civil, aparezca el medio ambiente (así sea de manera marginal) como uno de los temas de negociación.
  3. La inclusión del tema ambiental dentro de las agendas de la "Asamblea Permanente de la Sociedad Civil" y de la "Cumbre Social Contra la Pobreza y por la Equidad".

h. Las perspectivas de una nueva reforma constitucional

Flota en el aire la convicción de que en los próximos meses el país será convocado a una nueva asamblea constituyente, entre otras razones por las exigencias en ese sentido de varios de los actores armados de la guerra, como uno de los requisitos para alcanzar acuerdos efectivos de paz en Colombia.

Si bien es cierto que muchos temas que deberían estar allí se quedaron por fuera de la Constitución de 1991 (como por ejemplo el régimen de los partidos políticos, la reforma de las fuerzas militares y la objeción de consciencia), que a otros temas se les otorgó carácter constitucional sin tenerlo (como la creación de la Corporación del Río Grande de la Magdalena), y que a lo largo de los siete años que la Constitución lleva de vigencia se ha hecho evidente la necesidad de reformar algunos de sus artículos, también lo es que gran parte de los principios que quedaron consagrados en ella, entre otros los llamados "derechos fundamentales" y los "derechos colectivos y del ambiente", fueron el producto de un proceso de concertación sin precedentes que recogió los esfuerzos adelantados durante muchos años por la sociedad civil y sus organizaciones y que, como consecuencia, deben respetarse, conservarse en la Constitución que surja de ese eventual nuevo proceso constituyente y, de ser posible, reforzarse para garantizar su efectivo cumplimiento.

  1. EL MEDIO AMBIENTE Y LA GUERRA EN COLOMBIA

  1. El medio ambiente como escenario, arma, objetivo y motivo de guerra
  2. El medio ambiente no solamente es el escenario de la guerra y, en consecuencia, una de sus víctimas directas ("Cuando dos elefantes se pelean es la yerba la que sufre"), sino que también se utiliza como arma y puede también constituir el motivo de la guerra.

    El primer caso, el del medio ambiente como escenario de guerra, lo ejemplifican en el medio rural los efectos de las voladuras de oleoductos y de las fumigaciones contra los llamados "cultivos ilícitos", actividades cuyo propósito directo no es el deterioro del entorno, pero como resultado de las cuales ese deterioro se produce de manera inevitable.

    "Muchos de los atentados terroristas (contra los oleoductos) han afectado en forma grave fuentes de agua y puesto en peligro la subsistencia de especies vegetales y animales en zonas donde ellos se han llevado a cabo. Existen estimativos sobre las áreas involucradas, así como sobre las especies y poblaciones afectadas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible medir la magnitud económica de estos daños... Arauca y Santander resultan ser los departamentos más afectados por los atentados. Sólo entre enero y abril de 1995 se llevaron a cabo quince atentados contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas en estos departamentos. En muchos casos los atentados han producido el agotamiento de recursos como la pesca en ríos y quebradas, y se han afectado miles de hectáreas de cultivos de pancoger en localidades como La Unión, la Ceiba, La Pajuila, La Esmeralda, Caño Rojo, etc. Según el Ministerio del Medio Ambiente, aproximadamente en cinco mil hectáreas del Catatumbo y en inmediaciones del parque nacional El Tamá, ha desaparecido la vegetación y todo vestigio de vida animal por los reiterados ataques al oleoducto y el subsiguiente derrame de combustible. De igual manera, en este mismo periodo el ecosistema del río Magdalena se ha visto afectado por el derramamiento de cerca de 20 mil barriles de combustible, afectando los acueductos y la pesca en numerosas poblaciones ribereñas."

    En el caso de las fumigaciones contra "cultivos ilícitos", ya existe un daño ambiental previo a las mismas, en la medida en que la preparación de los suelos para dichos cultivos requiere la deforestación de terrenos de vocación forestal, muchas veces en pendientes laderas y zonas productoras de agua. Sin embargo, la fumigación contribuye no solamente a incrementar el deterioro de los ecosistemas ya afectados, sino que los efectos de las mismas trascienden a las áreas vecinas. Cuando las fumigaciones producen los efectos deseados, los cultivadores se trasladan a nuevas zonas boscosas, debido a lo cual se incrementa todavía más el problema.

    El siguiente comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia confirma lo anterior:

     

    EE.UU. RECONOCE CIFRA RECORD COLOMBIANA

    EN SU LUCHA CONTRA LOS CULTIVOS ILICITOS


    En 1997, la Policía Nacional de Colombia, con un gran apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, fumigó una cifra récord de cultivos ilícitos de coca y amapola: más de 41.000 hectáreas de coca y cerca de 7.000 hectáreas de amapola. Las cifras del gobierno de Estados Unidos confirman los buenos resultados de este programa masivo, el más grande de erradicación aérea en la historia. (Estas cifras cubren el período de octubre 96-97, y no incluyen cerca de 25.000 hectáreas fumigadas entre octubre de 1997 y enero de 1998). Se ha reducido
    en un 25% la cantidad de coca cultivada en el Guaviare, en donde se concentran nuestras actividades de fumigación.

    Lamentablemente, se registra un notable incremento en los cultivos fuera de la zona fumigada, lo cual condujo a un aumento general del 18% en el total de la coca cultivada en Colombia, pasando de 67.200 a 79.500 hectáreas. No obstante, nos animan los resultados alcanzados en la región del Guaviare y tenemos el propósito de trabajar con el gobierno de Colombia para que el programa sea aún más efectivo durante el año que viene. Mientras tanto, aplaudimos el trabajo de la Policía Nacional en el programa de erradicación aérea, y el apoyo de las fuerzas armadas, con quienes se han alcanzado resultados récord en 1997, a pesar del alto riesgo para sus vidas.

    Santafé de Bogotá

    28 de enero de 1998

     

    El segundo caso, el del medio ambiente como arma y objetivo de guerra, está ejemplificado en los bombardeos con napalm durante la guerra del Vietnam, los cuales tenían como propósito directo la destrucción del entorno que les servía de protección a los combatientes comunistas. En este caso, se trata o de evitar que las condiciones ambientales se conviertan en aliadas de las fuerzas contrarias, o de convertir al ambiente en un medio hostil contra las mismas, como cuando los conquistadores españoles destruían las fuentes de agua y los canales mediante los cuales las culturas del México precolombino obtenían el agua necesaria para su existencia. Los incendios intencionales de los pozos petroleros por parte de los iraquíes durante la Guerra del Golfo, también podrían catalogarse dentro de esta categoría.

    Aparentemente no existen en la guerra, o en las múltiples guerras que se libran en Colombia, casos que permitan afirmar que el ambiente haya sido declarado "objetivo militar" o utilizado expresa e intencionalmente como arma de guerra.

    El tercer caso, el del medio ambiente como motivo de guerra (ejemplificado en todas las guerras por el control sobre determinados recursos naturales), seguramente irá incrementándose en los próximos años, ya no tanto por el dominio sobre recursos de los llamados "no renovables", sino por el acceso a recursos "renovables" como el agua y los recursos genéticos, y por la posibilidad de acceder a determinados "servicios ambientales". No han faltado voces que desde el "mundo desarrollado" propugnan por una intervención armada para evitar por la fuerza que se continúe la destrucción de la selva amazónica (sin tener en cuenta las complejas circunstancias e interacciones tanto regionales como mundiales que conducen directa o indirectamente al deterioro de los ecosistemas del Amazonas).

    En la medida en que la alteración de la biosfera y de los ecosistemas que la conforman, continúe expresándose en una cada vez más desigual distribución de las posibilidades de acceder al agua en las distintas regiones del planeta, en esa medida la lucha por ese recurso vital, o lo que es igual: la lucha por el ambiente que lo ofrece, seguirá constituyendo motivo de conflicto y de guerra.

    En Colombia ya son frecuentes los conflictos entre comunidades por el acceso a las fuentes y los cuerpos de agua, así como por el control sobre las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Es interesante anotar cómo el 60 por ciento de los paros cívicos que se llevaron a cabo en Colombia entre 1971 y 1981, tuvieron como causa la carencia de servicios públicos, especialmente de acueducto y alcantarillado, ambos como es obvio relacionados con el agua.

  3. Los costos ambientales indirectos de la guerra

Además de los ya citados efectos directos que la guerra produce sobre el medio ambiente en su condición de escenario de la misma (contaminación por voladuras de oleoductos o por la fumigación de cultivos ilícitos, efectos de bombardeos sobre zonas rurales, etc.), el conflicto armado genera una serie de consecuencias ambientales indirectas que contribuyen a incrementar la inequidad ambiental, la pobreza ambiental y la violencia ambiental que pesa sobre los colombianos, no solamente sobre aquellos que habitan las regiones del país en las cuales se desarrollan los enfrentamientos bélicos, sino sobre la sociedad entera en su condición de sistema dinámico y complejo, cuyos elementos se encuentran todos en una u otra manera interconectados.

De manera no taxativa, vamos a resaltar como efectos ambientales y sociales más o menos indirectos de la guerra los siguientes:

  1. ¿Quién paga los platos rotos del deterioro ambiental?

En términos generales podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que los costos ambientales directos e indirectos de la guerra los pagamos todos los colombianos en cuanto a pérdida de calidad ambiental, pérdida de nuestro patrimonio ecológico y cultural, pérdida de oportunidades económicas, reorientación hacia el conflicto armado de recursos que podrían destinarse a inversión social, gestión ambiental e infraestructura productiva, etc., etc.

Hay, sin embargo, actores sociales que resultan afectados de manera mucho más directa que otros. Así como el secuestro y las desapariciones nos afectan indirectamente a todos los colombianos, pero directamente perjudican mucho más en términos sociales, familiares e individuales a quienes son víctimas directas de estas dos formas atroces de violencia, así la violencia ambiental afecta especialmente a las comunidades cuya calidad de vida se encuentra directa y cotidianamente ligada a la salud de los ecosistemas con los cuales interactúan: comunidades campesinas, indígenas y negras que habitan las zonas de conflicto; comunidades que habitan territorios cruzados por oleoductos; comunidades afectadas por cultivos "ilícitos"; desplazados por la violencia o "refugiados y desplazados ambientales" (categorías comunes en zonas como Sudán y el Sahara, pero que ya comienzan a presentarse en Colombia como resultado del deterioro ecológico en muchas regiones), y comunidades en zonas de conflicto urbano o cuyas condiciones de marginalidad se incrementan por la afluencia masiva de desplazados rurales.

Dentro de cada comunidad afectada, las mujeres y los niños resultan especialmente perjudicados por el deterioro ambiental. Para citar un solo ejemplo, ante el agotamiento del agua y la madera para leña en una región determinada, las mujeres y los niños deben caminar cada vez más kilómetros (lo que quiere decir, dedicarle al acarreo más tiempo a costa del necesario para educación, recreación, estudio y ocio) para abastecer a la familia de estos dos recursos sin los cuales resulta imposible la vida.

SOSTENIBILIDAD O DISOLUCIÓN: EL RETO AMBIENTALISTA DE LOS COLOMBIANOS

La población colombiana para el año 2005 se calcula en cerca de 49 millones de habitantes, los cuales superarán los 54 millones en el 2025 y se estabilizarán en 60 millones a mediados del siglo. La tasa de crecimiento total continuará su tendencia a reducirse, desde el 2.28% en 1985, el 1.96% en el 95 y el 1.59% en el 2005, hasta el 1.06% en el año 2025.

Sesenta millones de personas quiere decir que hacia mediados del próximo siglo casi se habrá duplicado la población actual, pero esa cifra representa más o menos el mismo número de habitantes que hoy posee la Gran Bretaña (58,6 millones de personas). Nuestro país, sin embargo, alcanza una extensión de un millón 141 mil 748 kilómetros cuadrados (1´141.748 kms2), mientras la Gran Bretaña tiene apenas 241,590 kilómetros cuadrados de área, es decir, apenas un poco más de la quinta parte del territorio colombiano.

El principal reto que debemos afrontar los colombianos durante el próximo siglo consiste en garantizar, en un escenario de paz integral, las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de esa población en aumento, en términos de ser, tener, hacer y estar, así como de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Existe casi consenso en el sentido de que el crecimiento económico y la redistribución de los beneficios del desarrollo, constituyen requisitos sin los cuales será imposible superar los niveles crecientes de pobreza y marginalidad que hoy caracterizan la realidad colombiana.

Sin embargo, está demostrado tanto a nivel nacional como mundial, que el desarrollo tal y como está siendo concebido y ejecutado, no solamente no permite satisfacer las necesidades humanas y reducir las enormes y cada vez más grandes brechas existentes entre los ricos y los pobres, sino que genera nuevas formas de pobreza (cultural, ambiental, espiritual), nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades.

Es decir que, vista la humanidad como conjunto, el desarrollo no está conduciendo ni a una mejor calidad de vida ni a una mayor felicidad humana, como tampoco a unas relaciones más armónicas entre nuestra especie y otras especies vivas, ni a formas más adecuadas de interacción con el entorno, y mutuamente más seguras tanto como para los ecosistemas como para los seres humanos.

Nuestro reto, entonces, consiste en redirigir el desarrollo (y con él el crecimiento económico) hacia lo que en los últimos años se ha venido a denominar sostenibilidad, en todas las dimensiones y con todas las implicaciones que hemos descrito a lo largo de este documento.

Ese reto incluye, entre otras, las siguientes responsabilidades:

  1. Desarrollar y apropiarnos de una ética de la vida, para la vida y por la vida. De una bioética que se convierta en brújula que oriente el comportamiento individual, social y ambiental de los colombianos y que, con participación protagónica del sector educativo en todas sus modalidades y de los medios de comunicación, nos debe contribuir a reorientar de manera mucho más comprometida y profunda, el sentido de aquello que alguna vez se denominó "civismo y urbanidad" (y que necesariamente debemos complementar con los conceptos de "campesinismo" y de "ruralidad".) No se trata de incrementar la carga formal de los currículos escolares, sino de reorientar la educación, la comunicación, la información, la producción material e intelectual, la creación cultural y, en general, todas las actividades que constituyen nuestro ser, nuestro hacer, nuestro tener y nuestro estar, a partir de la responsabilidad histórica que nos cabe a las generaciones presentes, de cambiar el rumbo del país o de permitir su disolución violenta por carencia de viabilidad. Un lema contundente en este sentido podría rezar: Sostenibilidad o Disolución.
  2. Enmarcar los acuerdos nacionales que conduzcan a la paz, dentro de la convicción y el compromiso colectivo en el sentido de que el crecimiento económico --y en general la dinamización de las fuerzas productivas y sociales--, debe llevarse a cabo con criterios claros y expresos de sostenibilidad global, que no afecten (ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo) ni la capacidad de autorregulación de los ecosistemas, ni su biodiversidad, ni la capacidad de organización, de participación y de decisión de la sociedad civil, ni su diversidad étnica y cultural.
  3. Garantizar la presencia y la influencia activa de la perspectiva de género en todas las negociaciones y decisiones concertadas.
  4. No perder nunca de vista el carácter diverso, multiétnico y pluricultural de la nación colombiana (lo cual se traduce en la necesidad de que los acuerdos logrados tengan capacidad de adecuarse y aplicarse según las particularidades de cada región y de cada comunidad y que no sólo respeten, sino que expresa y activamente contribuyan a la consolidación positiva de esas particularidades).
  5. Establecer como parte de esos acuerdos, mecanismos concertados entre los distintos actores y sectores de la sociedad, que tengan como objetivo definir la manera como los colombianos, de manera consciente, solidaria, creativa y responsable, nos podamos integrar a unos procesos aparentemente irreversibles de globalización que no está en nuestras manos evitar, pero sí encarar con alternativas adecuadas, de manera tal que éstos no nos sigan conduciendo a la insostenibilidad económica, social, política, ecológica y cultural, y de los cuales podamos obtener todos los beneficios posibles. Entre otros de esos beneficios, destacamos el acceso a información (a través de redes como el www o Internet), el intercambio de saberes, la capacidad del pensamiento local para incidir sobre la gestión ambiental a nivel global ("Pensar localmente y actuar globalmente"), la protección del consumidor nacional, el aprovechamiento de ventajas comparativas de Colombia en el mercado mundial, la realización de "alianzas estratégicas" para el desarrollo sostenible con potenciales aliados internacionales, etc., etc.
  6. Adelantar como una política de Estado, un programa de reforma agraria integral y definitivo, con un plazo límite predeterminado, que permita que las próximas generaciones de colombianos no continúen heredando una situación crónica de inequidad en la cual tienen sus raíces gran parte de los conflictos sociales que impiden el desarrollo sostenible en Colombia. Dicho programa deberá partir de una evaluación de la estructura de la propiedad agraria en el país y de los efectos reales que han tenido los anteriores y actuales planes de reforma agraria en términos de sostenibilidad global, con el objeto de aprender tanto de los éxitos como de los fracasos, y deberá adelantarse no solamente como compromiso aislado de un Ministerio (Agricultura) y de una entidad (Incora), sino como el resultado de un gran acuerdo entre el Estado, el sector productivo y financiero, los gremios, las organizaciones sociales –especialmente campesinas y étnicas--, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones ambientalistas y, en general, la sociedad civil, así como también con los actores armados del conflicto. Deberá comprometer a los actores internacionales verdaderamente interesados en contribuir a la búsqueda de caminos viables hacia la paz en Colombia y, como ya se indicó, deberá regirse por criterios de sostenibilidad global, que miren al país en su conjunto (dentro de una perspectiva de ordenamiento territorial, entendido el territorio en sus múltiples dimensiones) y a la economía dentro de la cual los habitantes del campo están insertos, como un sistema complejo y dinámico, para participar en el cual deberán garantizarse eficiencia, eficacia, rentabilidad, productividad, y competitividad (en la producción, en el mercadeo, en la reinversión de los beneficios, etc.). Así mismo deberá tener en cuenta no solamente la función social de la propiedad en sus distintas modalidades, sino también su función ecológica (que constituye una dimensión inseparable de la función social).
  7. Redefinir bajo la óptica de la sostenibilidad global, el significado y las implicaciones y aplicaciones de conceptos como los mencionados de eficiencia, eficacia, competitividad, rentabilidad y productividad. Lo anterior incluye la necesidad de incorporar a esos conceptos el sentido del largo plazo y la consciencia de nuestra responsabilidad ética, social y ambiental. En el caso de la rentabilidad, por ejemplo, ésta no se puede medir solamente en términos económicos (inversión versus ganancia), sino también en términos ecológicos, culturales y sociales. Especial responsabilidad poseen en este sentido las universidades y demás instituciones educativas y de formación profesional dedicadas a preparar profesionales y técnicos en los distintos campos del saber, al igual que las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, encargadas de promover el desarrollo, así como los organismos financiadores.
  8. Llevar a cabo una reforma política profunda que vaya más allá de la mera transformación formal de los partidos y que se traduzca en condiciones que faciliten la construcción de una verdadera democracia participativa en Colombia. Esto debe incluir, entre otros puntos:

  1. Garantizar que el monopolio de las armas esté en manos exclusivas del Estado y que el uso de la fuerza por parte de éste se realice de manera LEGÍTIMA, TRANSPARENTE, RESPONSABLE y CONTROLADA, respetando los derechos humanos y teniendo como objetivo último garantizar la sostenibilidad política, social e institucional de la sociedad colombiana.
  2. Abolir el servicio militar obligatorio, profesionalizar las fuerzas militares y desarrollar las normas que crean el servicio social y el servicio ambiental de los jóvenes con el objeto de formar MILITANTES DE LA VIDA y GESTORES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE tanto en los campos como en las ciudades. El Estado y los actores armados del conflicto deberán comprometerse como parte de las negociaciones de paz (y aún antes de lograr los acuerdos definitivos), a respetar la vida y la integridad de los jóvenes, hombres y mujeres, que prestan el servicio social y el servicio ambiental aún en zonas de conflicto armado.
  3. En términos específicos de la gestión ambiental el reto se concreta, entre otras, en las siguientes expresiones:

 

 

 

 

  1. TEMAS CRÍTICOS EN LA AGENDA AMBIENTALISTA PARA LA PAZ

Ese "reto ambientalista de los colombianos" a que se hizo referencia en el capítulo anterior, tiene validez frente a todos los sectores de la actividad nacional y en todas las regiones del país. Por eso desde un principio se ha insistido en este documento en el carácter trans-sectorial, transversal y multidimensional del medio ambiente y de la gestión ambiental.

Existen, sin embargo, una serie de temas que tanto por el impacto ambiental de las actividades relacionadas con ellos, como por su sensibilidad en cuanto a la construcción de la paz, merecen un capítulo especial.

  1. Recuperación de ecosistemas y comunidades afectadas por "cultivos ilícitos":

Muy seguramente en este documento no va a existir ninguna propuesta novedosa para el tratamiento de los llamadas "cultivos ilícitos", en la medida en que a lo largo de los últimos años casi todo cuanto se puede plantear a nivel teórico sobre las causas internas y externas del narcotráfico y, en particular, sobre este primer eslabón de la cadena (los campesinos y colonos cultivadores), ya ha sido planteado.

Sin embargo lo obvio y lo elemental en cuanto al tratamiento de este problema, es decir, la necesidad de responder al mismo con soluciones integrales y que apunten a las raíces y no sólo a la supresión de los síntomas y los efectos, no ha pasado del campo teórico y se siguen intentando soluciones que en la práctica resultan meramente represivas y puntuales y, sobre todo, totalmente contraproducentes: el boletín de la Embajada de los Estados Unidos que transcribimos algunos capítulos atrás habla de la fumigación exitosa de más de 70 mil hectáreas de "cultivos ilícitos" entre 1997 y Enero de 1998 ("más de 41.000 hectáreas de coca y cerca de 7.000 hectáreas de amapola... Estas cifras cubren el período de octubre 96-97, y no incluyen cerca de 25.000 hectáreas fumigadas entre octubre de 1997 y enero de 1998). Sin embargo, según cifras oficiales, a principios de 1992 la extensión cultivada en amapola en Colombia apenas superaba las 3.000 hectáreas, lo cual permite deducir que las medidas empleadas para reducir los "cultivos ilícitos", realmente han producido el efecto de multiplicarlos.

En un artículo publicado en el diario El Espectador el 5 de Julio de 1998, el autor afirma que "la estrategia utilizada por el Estado colombiano en la lucha antidrogas, nos está llevando a más violencia, más derrotas, más pobreza, más descomposición social, más guerra y ejércitos regulares e irregulares cada vez más financiados y mejor armados (...) Delincuente no es quien cultiva la papa, sino quien ilegalmente la convierte en vodka y lo comercializa (...) A cambio de perseguir sin éxito y como a delincuentes a miles de campesinos, que en su calidad de campesinos son gente sana y buena, pero que como perseguidos son un peligro para la estabilidad del Estado, se debe centrar la fuerza gubernamental en la persecución a decenas o quizá cientos de transformadores de los productos naturales en droga y de ésta en mercancía para el creciente grupo de consumidores nacionales y extranjeros."

* * *

En donde existe todavía un enorme vacío teórico en cuanto al tema de las drogas, es en lo que podríamos llamar el "valor de uso" de esas sustancias que Albert Hofmann y otros investigadores prefieren llamar "enteógenas", en contraposición a los adjetivos de "alucinógenas", "enervantes", "estupefacientes", etc., con que suelen calificarse.

La mayor parte de las preocupaciones están centradas en el "valor de cambio" de las drogas, pero sin apuntar ni a las razones que incitan o inducen a su consumo, ni a la enorme incapacidad de la cultura predominante para ofrecer satisfactores alternativos, que permitan llenar los vacíos que conducen a su consumo, pero sin poner en peligro ni la salud individual, ni la salud social, ni la salud cultural, ni la salud económica de la comunidad.

Uno de los retos que tiene por delante la biotecnología es el desarrollo de sustancias enteógenas inocuas desde el punto de vista de la salud humana. Los científicos saben que en los ecosistemas colombianos existen cerca de 1.200 especies con propiedades enteógenas, pero este aspecto de nuestra biodiversidad solamente trasciende al resto de la sociedad cuando el narcotráfico se apodera de alguna de ellas con fines exclusivamente económicos y con los resultados socialmente nefastos que todos conocemos.

La existencia de estos satisfactores alternativos colocaría en un terreno completamente diferente –y además legítimo-- al tema de la legalización de la droga.

Los ambientalistas hacemos un llamado a la comunidad científica colombiana (COLCIENCIAS, Instituto von Humboldt y otros institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.), al gobierno (especialmente a los ministerios del Medio Ambiente, de Educación y de Salud) y a las comunidades étnicas y campesinas que habitan los ecosistemas tropicales, para que exploremos y desarrollemos ese filón de nuestra biodiversidad y para que traduzcamos los resultados de esa investigación en satisfactores alternativos, cultural, social, económica y legalmente viables. Para que no esperemos o a que esas sustancias de uso potencialmente benéfico caigan en las garras nefastas del narcotráfico, o a que esos satisfactores alternativos, basados en la biodiversidad de nuestros ecosistemas, nos lleguen patentados desde el exterior y tengamos que comprárselos a los laboratorios multinacionales.

Este sería apenas uno de los aspectos a través de los cuales la tarea de construir una nueva cultura (y como parte de esa tarea, una redefinición profunda del concepto de desarrollo) podría contribuir a solucionar los problemas de la drogadicción y el narcotráfico.

Pero regresemos al tema central que nos ocupa, el de los llamados "cultivos ilícitos":

Existen varias piezas que deben interactuar dinámicamente para poder armar ese rompecabezas de múltiples dimensiones hacia una solución integral al problema:

  1. Reforma Agraria integral:

Ya se ha mencionado en dos oportunidades dentro de este documento, la necesidad de una reforma agraria integral como parte de una gestión ambiental y social para el desarrollo sostenible. La primera vez al definir "el reto ambientalista" que debemos enfrentar los colombianos como parte de los esfuerzos hacia la construcción de la paz y, la segunda, ligada a la anterior, como una de las piezas claves de una estrategia de recuperación de los ecosistemas y de las comunidades afectadas por "cultivos ilícitos".

En este punto vamos a complementar (y en algunos casos a reasumir) lo anterior, resaltando otros aspectos y escenarios en los cuales la reforma agraria resulta una prioridad:

  1. Política energética y equidad en el acceso a la energía en sus distintas formas:

La revisión de la política energética, y particularmente de la política petrolera del país, constituye uno de los ejes centrales de las agendas de negociación formuladas por los grupos alzados en armas al Estado colombiano y a la comunidad en general.

Coincidimos los ambientalistas con los planteamientos sobre el tema energético contenidos en dichas agendas, en cuanto hace referencia a los siguientes temas:

No coincidimos los ambientalistas en los métodos, como las voladuras de oleoductos, a través de los cuales las organizaciones guerrilleras pretenden apoyar sus denuncias y fortalecer sus argumentos de discusión (540 casos reportados por el Ministerio del Medio Ambiente hasta la primera semana de Julio de 1998, con afectación sobre 6.000 hectáreas y 2.500 kilómetros de ríos). Pensamos que dichos métodos no solamente resultan totalmente contraproducentes e inconsecuentes frente a los objetivos buscados, sino que afectan de manera grave la sostenibilidad de los ecosistemas, factor decisivo en la construcción de una sociedad sostenible en la cual sea posible la paz.

Existen, además de los anteriores, otra serie de puntos relacionados con el tema energético, que consideramos necesario tener en cuenta tanto dentro de las agendas inmediatas de paz, como en la redefinición de un nuevo modelo de desarrollo para la sociedad colombiana. Comenzamos con recomendaciones puntuales para terminar en aspectos de política global:

  1. El tema de la gobernabilidad ambiental:
  2. ¿Son capaces la institucionalidad y la sociedad colombianas de ejercer un control eficaz y constructivo sobre el medio ambiente, o su dinámica queda en manos de fuerzas meramente naturales o de acciones humanas producto de la desesperación, de la improvisación, del afán de lucro inmediato o del azar?

    Los ambientalistas pensamos que existen dos ejes que es necesario articular para garantizar una gobernabilidad concertada (entre la naturaleza y los actores sociales, incluido el Estado) en materia ambiental:

    Un eje es la naturaleza misma. Necesitamos reconocerle su papel de ACTOR ACTIVO en la gestión ambiental, con participación, con personería y con personalidad. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad para establecer diálogos de saberes y diálogos de ignorancias entre los seres humanos de distintos grupos y sectores (étnicos, sociales, regionales, etc.) y entre trabajadores de distintas disciplinas y campos del saber y del hacer, pero también diálogos entre los seres humanos y la naturaleza.

    Recuperar, despertar y agudizar nuestra capacidad para reconocer e interpretar los mensajes que nos envían a diario los ecosistemas y para tenerlos en cuenta en las decisiones que los afectan de manera directa o indirecta.

    Lo anterior se concreta, en un extremo de la gama de posibilidades, en programas concretos y pragmáticos de monitoreo ambiental y de gestión de riesgos, y en otro extremo en actitudes y posturas filosóficas y bioéticas (y en conductas consecuentes) que reconozcan que tanto la biosfera, como los demás seres vivos que la conformamos, poseemos derechos --especialmente el derecho a la vida y a la dignidad--, por nuestra mera condición de expresiones del fenómeno vital.

    El otro eje es el "institucional". La ley 99 de 1993 creó el SINA o Sistema Nacional Ambiental, que en teoría debe constituir el escenario desde el cual se ejerce la gobernabilidad en materia ambiental.

    Un requisito sin el cual es imposible dicha gobernabilidad, es que el SINA, del cual forman parte tanto el Estado como la sociedad civil, funcione verdaderamente como un sistema capaz de resonar dinámicamente con los ecosistemas naturales cuya administración y gestión pretende ejercer.

    Otro requisito es una verdadera y eficaz participación de la ciudadanía en la gestión ambiental (entendida la ciudadanía en sentido amplio, como sinónimo de la sociedad civil y sus organizaciones, el sector privado, los gremios económicos, las organizaciones profesionales y de trabajadores, el sector educativo, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, las ONGs, etc., etc., etc.).

    Como se mencionó en el punto 7-10), el Consejo de Gabinete del Ministerio del Medio Ambiente acaba de aprobar los "lineamientos para una política de participación ciudadana en la gestión ambiental", a partir de los cuales el Estado y la sociedad civil deben avanzar conjuntamente en la construcción de una verdadera gestión participativa (enmarcada dentro de la construcción de una cultura de la participación) como parte de la consolidación de la democracia y de la construcción de la paz.

  3. Parques Nacionales Naturales y otras Áreas Protegidas

Las porciones del territorio nacional cobijadas bajo la categoría de Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas debido a sus particulares características en términos estratégicos, de paisaje o de biodiversidad, constituyen uno de los más valiosos patrimonios del país.

Debe hacerse énfasis en el carácter estratégico de los mismos, en un mundo y en una época en la cual la información en general –y la información genética en particular—constituyen no solamente una riqueza en términos de competitividad internacional, sino un requisito de supervivencia para la especie humana, sobre la cual se cierne como una de sus mas graves amenazas, la que se ha denominado "crisis de homogeneidad", consistente en el agotamiento de la biodiversidad necesaria para permitir la adaptación de la vida a los cambios cada vez más graves y frecuentes del medio ambiente natural y cultural.

Hoy está claro que no debería existir contradicción entre los intereses que propenden por la conservación de dichos territorios, y los intereses de las comunidades vecinas a los mismos, especialmente cuando las áreas protegidas coinciden total o parcialmente con territorios pertenecientes a comunidades étnicas, indígenas o afrocolombianas. Más aún, existe consenso en el sentido de que la mejor garantía para la conservación de dichas áreas es la activa participación de las comunidades en su gestión.

La identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrocolombianas está íntimamente vinculada a las características ecológicas de los territorios que habitan (y que en gran medida esas mismas comunidades han contribuido a conformar), y en consecuencia la protección de la integridad y de la biodiversidad de los ecosistemas, constituye un requisito para la protección de esa identidad.

En la práctica, sin embargo, no siempre resulta fácil compatibilizar las necesidades económicas inmediatas de las comunidades étnicas y campesinas, y especialmente de los colonos, con las prioridades de la conservación. De allí que la protección (y de ser posible la ampliación) en el largo plazo de los Parques Nacionales Naturales y de las demás áreas protegidas del país, depende de la adopción de un plan adecuado de ordenamiento territorial a nivel nacional.

"Estamos hablando de (alcanzar) arreglos productivos sostenibles en áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad, y que participando activamente de la porción del territorio que produce bienes y servicios para el mercado, aporta a la conservación de la biodiversidad. En este contexto es que se hace necesario impulsar la creación efectiva de un sistema descentralizado y participativo definido como el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), del cual formarían parte no sólo los Parques Nacionales Naturales, sino áreas bajo uso agropecuario, pero con arreglos tecnológicos sostenibles que aporten a la conservación de nuestra biodiversidad."

Ese plan de ordenamiento territorial, como se anotó en un capítulo anterior, deberá determinar las zonas del país con vocación exclusivamente ambiental (dentro de las cuales están los Parques Nacionales Naturales, las reservas naturales de la sociedad civil y otras áreas sometidas o que deberán someterse a protección especial), al igual que las zonas de vocación productiva o extractiva, actividades que deberán, de todas maneras, adelantarse con criterios de sostenibilidad. Como también se anotó algunas páginas atrás, un programa integral de reforma agraria, adoptado como propósito nacional, permitirá dotar a las comunidades rurales de tierras aptas para la producción y reducir la presión que existe sobre los ecosistemas de vocación exclusivamente ambiental y cuya explotación, como bien se sabe, no conduce sino a un mayor empobrecimiento económico, cultural y ecológico tanto de las familias que pretenden derivar de ellas su sustento, como del país en general.

Se afirma que el incremento de la población necesariamente provocará la destrucción o al menos la reducción de las áreas protegidas del territorio nacional, y que esa realidad no solamente impedirá mantenerlas en su extensión actual, sino más aún, duplicarlas o triplicarlas, como sería lo ideal.

Ya vimos, sin embargo, cómo hacia mediados del próximo siglo la población colombiana habrá alcanzado los 60 millones de habitantes, cifra aparentemente enorme con relación a la población actual, pero apenas igual al número de personas que habitan en la Gran Bretaña de hoy. Y recordemos también que el territorio de la Gran Bretaña apenas representa un poco más de la quinta parte del territorio colombiano, sin contar las zonas marítimas que pertenecen al país. O sea que un adecuado ordenamiento territorial permitiría no solamente albergar al doble de la población actual, sino además ampliar las áreas dedicadas exclusivamente a la prestación de los servicios ambientales que las próximas generaciones van a requerir para poder llevar una vida con calidad y dignidad.

6) Gestión ambiental para la calidad de vida en el medio urbano:

En un país en acelerado proceso de urbanización, en el cual la población de las ciudades ha crecido 10 veces más que la rural en los últimos cuarenta años y cuya capital, Santafé de Bogotá, posee más habitantes (6´500.452) que los cuatro mayores centros metropolitanos regionales, que le siguen en tamaño, juntos (Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga con 5´622.663 en total), y en donde un porcentaje significativo de los atentados contra la vida humana --y contra la calidad y la dignidad de la vida-- tienen como escenario a la ciudad, necesariamente la gestión ambiental debe poseer un importante componente urbano, al igual que la dimensión ambiental de las propuestas de paz (y la reorientación necesaria del modelo de desarrollo) debe considerar no solamente aspectos rurales del ambiente, sino también la situación de los habitantes de las grandes, medianas y pequeñas ciudades, así como de las cerca de 900 cabeceras municipales eminentemente rurales del país.

En los acuerdos de paz a que logremos llegar los colombianos en un futuro ojalá próximo (acuerdos de paz entre nosotros mismos y con el medio ambiente que habitamos y del cual formamos parte), deberán tenerse en cuenta aspectos de la gestión ambiental urbana, entre los cuales cabe destacar:

 

 

HACIA UNA AGENDA AMBIENTAL URBANA EN TORNO AL ASUNTO DE LA PAZ

HECTOR LUGO

Corporación Penca de Sábila

Asistimos, en los últimos tiempos de este siglo y en las puertas del siglo XXI, a la transformación del proyecto de ciudad, a la fundación de la metrópolis y al cambio desordenado de los diferentes poblamientos del país. Proceso desarrollado en Colombia a partir de los acontecimientos históricos de la época de la colonización y de aquel momento, que aún no termina, de la transferencia de paisajes de otras tierras, de otras culturas y de otras continuidades. Proyectos aquellos fundadores de identidades y territorialidades, que aunque ajenos a nuestras tradiciones, fueron y son asimilados hoy en el proceso de construcción de ciudades, poblaciones, veredas y metrópolis.

Mientras en el Mundo el 62% de la población está en las ciudades y más de 50 millones de habitantes por año llegan a éstas, en Colombia el 70% de su población se ha ubicado en la ciudad. Crecimiento que, en nuestro país, se mantiene en un 4% anual y continuará así al menos mientras persistan los problemas de violencia y los factores de crisis social en el medio rural.

Asistimos a procesos de urbanización acelerados, incontrolados y sin planificación, sobre una tendencia al poblamiento de las áreas periféricas que obedecen a factores socio-políticos diferentes a los que regulan los procesos de urbanización del llamado "primer mundo". En las grandes y pequeñas ciudades de Colombia, la periferia es habitada cada ves más por la gran masa de campesinos y de habitantes de otras poblaciones, que no han pasado nunca por algún contacto con la cultura urbana y que sorprenden a la ciudad sin disponibilidad de equipamiento, de infraestructura de servicios públicos, de vivienda, salud, transporte etc. La periferia de la ciudad colombiana rompe la relación existente (semántica, cultural, urbanística ) con la ciudad a la que topográficamente pertenece.

Es el desarrollo de una ciudad insostenible, destinada a incrementar la construcción de pobreza material y cultural, productora además de efectos como el excesivo tráfico automotor, la contaminación a todos los niveles, la baja calidad de vida, la escasez de vivienda, el empobrecimiento habitacional, la fragmentación de los tejidos sociales, el incremento de la criminalidad, la violencia y la provisión insuficiente de los servicios públicos.

La ciudad en Colombia se desarrolla como lo define Alberto Magnaghi de manera independiente de las reglas constitutivas de la identidad de un lugar, imponiendo reglas abstractas de asentamiento, artificiales, sin dominancia de la relación ser humano - ambiente - naturaleza. Reglas indiferentes a una relación con el territorio sobre el que la ciudad se ha modelado siempre: uniformización de los sistemas y materiales de construcción, que producidos industrialmente, ya no guardan relación con el tipo de terreno y las cualidades ambientales. Se prescinde totalmente de la historia del lugar, de la cultura material local, del carácter y de la estructura del paisaje urbano y rural.

Nuestras ciudades abandonan cada ves más la identidad a cambio de la artificialización del territorio, reduciendo éste a la categoría de soporte técnico y negando las singularidades, las diferencias y las identidades. Se abstrae de los lugares y destruye la territorialización construida en los procesos sinérgicos entre las comunidades y el ambiente. Desconocen pues, nuestras ciudades, la relación interactiva entre comunidad y territorio, por medio de la cual se forman el carácter, la identidad y la singularidad de los lugares y de las poblaciones. En últimas, pobreza de calidad ambiental y pobreza de identificación.

Se Ignoran los ciclos reproductivos biológicos y energéticos, se destruyen los recursos limitados: aire, agua, suelo, vegetación, subsuelo ; se exportan efectos ambientales negativos hacia las poblaciones periféricas y las zona rurales, se destruye la representación urbana y territorial y se vuelve superficial la necesidad de belleza, de comunicación artística y de paisaje para los individuos. La ciudad no guarda memoria de la historia del lugar y de su identidad.

Afrontar el problema de los nuevos límites de la ciudad asume una connotación positiva dentro de la constatación de que el crecimiento urbano ilimitado constituye, por el modelo de presión y de desertificación ambiental que produce, por su producción de pobreza ambiental y por la creciente disminución de la calidad de vida de las poblaciones, uno de los factores relevantes de insostenibilidad a nivel local y planetario. Y sobre ésta realidad se impone la necesidad de la respuesta positiva de la sociedad y de sus estructuras políticas, jurídicas y administrativas, hacia la reconstrucción de la ciudad.

La ciudad sostenible, que debe responder a los principales retos ambientales y ecológicos de la cultura de fin de siglo, propone la idea general de refundar la ciudad de tal manera que se ordene el proceso de metropolización con criterios de sostenibilidad, en donde se disminuyan la exportación de efectos ambientales negativos y se reconozcan los límites de su crecimiento.

Es una ciudad fundada sobre la relación horizontal entre el centro y la periferia, gobernándose sobre el concepto de región, en el reconocimiento de las reglas constitutivas de la identidad de sus lugares y espacios. Ciudad que para su proyecto de sostenibilidad asume la relación ser humano - ambiente - naturaleza, la reconstrucción de paisajes en donde la estética y la singularidad se integran en la reconstrucción de imaginarios colectivos, que aportan a la conservación de la representación urbana territorial.

Según el Art 14 de la Agenda de la reunión HABITAT II, realizada en Estambul en junio de 1996, "los asentamientos humanos equitativos son aquellos en que todas las personas sin discriminación de ningún tipo..., tienen las mismas oportunidades de acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, alimentos y agua en cantidad suficiente, educación y espacios abiertos... Además brindan... las mismas oportunidades para el desarrollo personal, espiritual, cultural y social ; para la participación en el proceso público de adopción de decisiones ; igualdad de derechos y obligaciones respecto de la conservación y utilización de recursos naturales y culturales"

La ciudad sostenible rediseña el territorio entero, incluido el espacio urbano como un sistema ambiental complejo ; compuesto de cuencas hidrográficas, ecosistemas forestales, fajas de pertenencia fluvial, ecosistemas agrícolas, retos ecológicos y corredores bióticos. La ciudad sostenible restituye el equilibrio territorial aprovechando las opciones potenciales de la tecnología a través de la redistribución equilibrada de las actividades sobre las redes regionales de la ciudad y la puesta en marcha, para cada una de estas ciudades, de equilibrios ecosistémicos, energéticos, y productivos en el propio territorio.

Para ello es necesario tratar de corregir, mejorar, exaltar las formas de organización y de crecimiento del individuo metropolitano y de sus libertades. Refundar la ciudad, que es sobre todo un problema ritual, simbólico y cultural, a partir de la producción de nueva territorialidad y de nueva ciudadanía. Reconstrucción de lugares en las periferias de la ciudades dotados de centralidad e identidad, que reconstituyan las trama de relaciones entre la comunidad y de estas con sus territorios.

La gobernabilidad ambiental y la planeación de las ciudades sostenibles se referencian sobre el reconocimiento de los límites del crecimiento y de los estándares para la evaluación y el control de sus proyectos. Estos límites integran, como referentes reguladores, la definición de balances e indicadores sostenibles: balances energéticos locales, balances ecológicos territoriales (déficit y huella ecológica), balances ecológicos de empresa, indicadores bióticos y ecosistémicos en la determinación de los estándares en los planes reguladores; proyectos cíclicos de equilibrio ecológico entre ciudad y territorio, entre paisaje urbano y rural; ciclos de las aguas, ciclos de los residuos, de mercancías, de alimentación y de información.

La batalla de la sostenibilidad y de la paz en nuestro país se ganará o se perderá también en las ciudades. En estos espacios donde se recrean los referentes simbólicos de convivencia, identidad, justicia y equidad. Son espacios comunicados por excelencia, en donde la totalidad se vuelve cotidianidad y en donde se resignifican de forma acelerada, por la existencia en ellos de los mejores dispositivos tecnológicos, los valores éticos y estéticos de la sociedad, empobrecidas permanentemente por la lógica impuesta del consumo en la apertura económica y la política neoliberal.

En Colombia el asunto de la paz es un problema también urbano. Las ciudades y sus dinámicas sociales son generadoras de violencia social, con tal grado de significación, que sería imposible decidir en cuál contexto, el urbano o el rural, se pierden más vidas. En la ciudad la situación de inseguridad, de violencia juvenil, de delincuencia común, de deterioro de la calidad de vida, de indigencia y de violencia del narcotráfico ha llegado a límites indescriptibles e inaceptables para la comunidad internacional.

Esta situación implica que obligatoriamente en el contexto de negociación del conflicto armado y de la convocatoria nacional hacia un proceso de paz, se integren aquellos aspectos que a nivel urbano son imprescindibles de atender y de considerar en el proceso de reconstrucción nacional.

 

TEMAS CRITICOS Y RETOS DE UNA AGENDA DE LOS AMBIENTALISTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD EN NUESTRO PAÍS

HECTOR LUGO

Corporación Penca de Sábila

 

  1. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO URBANO.

Relaciones no jerarquizadas entre las ciudades y sus periferias y disminución en la exportación de efectos ambientales negativos

El modelo jerárquico centro--periferia de la ciudad es productor de desequilibrios, congestiones, simplificaciones y empobrecimiento del sistema territorial : anula la diferencia de los sistemas territoriales jerarquizando el territorio por funciones; vuelve impracticable relaciones horizontales entre los sistemas; absorbe energías del territorio periférico centralizando funciones ricas, riqueza, consumo energético y de recursos, y devuelve degradación, residuos, funciones pobres.

Los asentamientos humanos no afectan solamente el área donde se encuentran construidos. Las ciudades se apropian necesariamente de la producción ecológica y de las funciones de soporte de la vida de regiones distantes, a través del comercio y de los ciclos biogeoquímicos de materia y energía.

El fenómeno de metropolización produce una homogeneización del paisaje y de la cultura en los poblamientos periféricos e impone lógicas funcionales que discriminan y jerarquizan su orden urbano. Estos efectos negativos se manifiestan en aspectos como la construcción de ciudades dormitorio, la transformación del espacio rural en espacio urbano, transformación de sus características ambientales y habitacionales, dependencia de producción y de comercio y empobrecimiento general de sus procesos de recreación y transformación de la cultura.

 

  1. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLES DE LOS ESPACIOS EXISTENTES Y ASIMILACIÓN ADMINISTRATIVA, POLÍTICA Y JURIDICA DE LOS INDICADORES DE CALIDAD TERRITORIAL.

La recualificación de los sistemas ambientales, asumida como prerrequisito de la transformación ecológica de los asentamientos, puede darse si, en coherencia con la acción ambiental, se interrumpe el proceso degenerativo del sistema de asentamiento que produce en medida creciente la degradación ambiental.

La vivienda ha perdido significado cultural, simbólico, estético, de identidad, de comunidad, de estilo de vida y de desarrollo

Los indicadores de calidad territorial se refieren contextualmente a la calidad del espacio biológico (agua, aire, suelo, subsuelo, ecosistema), la calidad del paisaje (urbano y territorial), la calidad del espacio público y habitado, la calidad de los sistemas territoriales y urbanos (autonomía, integración, identidad, relación, eficacia)

Sobre este aspecto se tienen en cuenta los siguientes efectos relevantes en cuanto a los indicadores de deterioro territorial.

  1. DEMANDA Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Reconocimiento y asimilación política, jurídica y administrativa de los balances e indicadores de sostenibilidad : Balances energéticos locales, Balances ecológicos territoriales, indicadores bióticos y ecosistémicos en la determinación de los estándares de los planes reguladores. Proyectos de equilibrio ecológico entre ciudad y territorio, entre paisaje urbano y rural, de los ciclos de las aguas, de los ciclos de los residuos, de las mercancías, de la alimentación y de la información.

La evidencia empírica sugiere que la carga humana global ya excede, y está progresivamente erosionando, la misma capacidad de carga de la cual depende la continuidad de la existencia humana, lo cual conduce a la imprevisibilidad de la reestructuración de los ecosistemas, a la falta de recursos, aumento de conflictos locales y a una inestabilidad geopolítica.

La batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades; son las más grandes consumidoras de recursos y productoras de desechos.

 

  1. GARANTIA EN LA CANTIDAD, EL CUBRIMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SEGÚN SU CRECIMIENTO.

 

  1. RESIGNIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS NATURALES EN EL PAISAJE URBANO.

Definición de criterios, estrategias y políticas para el rediseño del territorio como un sistema ambiental que contiene subsistemas como el de las cuencas hidrográficas, los ecosistemas forestales, las fajas de pertenencia fluvial, los ecosistemas agrícolas, los corredores bióticos, los hitos geográficos y culturales y los corredores perimetrales. Recualificar a diferentes niveles de intervención para diversificar y complementar, para obtener una elevada estabilidad( persistencia y resistencia) y un alta calidad paisajística.

  1. ZONIFICACIÓN URBANISTICA Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL. RELACIÓN EQUITATIVA Y JUSTA ENTRE EL ESPACIO URBANO Y LA JERARQUIA SOCIAL

  1. CALIDAD DE VIDA Y DISMINUCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

 

8. GOBERNABILIDAD AMBIENTAL PARA GARANTIZAR LA INCIDENCIA EN LAS TRANSFORMACIONES AMBIENTALES DESEABLES

 

¿QUÉ CONTRIBUCIÓN LE OFRECEMOS LOS AMBIENTALISTAS COLOMBIANOS AL PROCESO DE PAZ?

El presente documento tiene por objeto resaltar algunas inter-relaciones del tema ambiental con el tema del desarrollo, que generalmente se pasan por alto o que simplemente no se perciben cuando el medio ambiente se toma como un tema anexo o marginal, pero sin comprender toda su multidimensionalidad ni la manera como éste cruza, de manera transversal, todos los demás aspectos de la realidad nacional.

Como el tema de la paz –de una paz duradera y sostenible basada en verdaderas democracia, equidad, calidad de vida y solidaridad-- no se puede abocar sin reconocer la necesidad de cambiar la concepción que tenemos del desarrollo y que cada día nos está empobreciendo más en términos ambientales, afectivos y culturales, como está abriendo cada vez más la brecha entre ricos y pobres a nivel mundial, regional y nacional, pensamos los ambientalistas que tenemos la posibilidad y el deber de llamar la atención de la sociedad colombiana sobre la importancia de enmarcar los procesos de paz dentro de unos criterios amplios de sostenibilidad global. Como anotábamos en un capítulo anterior, el ideal es que dejemos de calificarnos a nosotros mismos como "desarrollados" o "subdesarrollados" a partir de mirarnos la cara en el retrato de otros, para que comencemos a redefinirnos como una sociedad "sostenible" o "subsostenible", a partir de nuestras propias características y de nuestras propias esperanzas y posibilidades.

Ese es quizás el principal aporte que los ambientalistas le podemos hacer al proceso de paz.

Durante varios lustros, a veces décadas, organizaciones de la sociedad civil han venido trabajando de la mano con comunidades urbanas y rurales, con movimientos sociales, a veces con autoridades locales y con instituciones del Estado, para explorar caminos posibles para solucionar problemas puntuales en zonas campesinas, en bosques tropicales, en ecosistemas costeros, en regiones de páramo, o en barrios y comunidades de ciudades de distinto tamaño.

Pero más allá de esas soluciones puntuales, se ha trabajado en proyectos de vida, en la búsqueda de sentidos más firmes para palabras como participación y democracia, en procesos individuales y colectivos de reeducación a través de los diálogos de saberes y de los diálogos de ignorancias, para que todos seamos conscientes de lo que sabemos y podemos aportar, pero también de nuestras carencias y de nuestras necesidades.

No sin grandes esfuerzos, ni en ausencia de incertidumbres ni de conflictos, los ambientalistas hemos ido aprendiendo también, el sentido trascendental y las implicaciones cotidianas de la perspectiva de género, las responsabilidades que nos genera a quienes, hombres y mujeres, hemos crecido en una sociedad dominada por la cultura machista, pero que estamos empeñados en modificar.

En medio de una crisis tan profunda de irrespeto a la vida como la que ha vivido el país en las últimas décadas, y a la cual no hemos escapado tampoco los ambientalistas, hemos insistido tercamente en construir esperanza, a veces en las más adversas circunstancias.

Hemos proyectado, tejido y consolidado propuestas organizativas no autoritarias ni jerarquizadas, que hoy podemos presentar a la sociedad colombiana como alternativas viables y válidas: redes de reservas naturales, redes de páramos, redes de agricultura orgánica, redes de organizaciones de diversas procedencias y visiones, agrupadas alrededor de objetivos comunes sin exigir sometimientos ni unanimidades. En fin, redes de vivencias y de experiencias biodiversas, que constituyen muestras concretas y verificables del país que es posible construir.

Todo lo anterior nos permite aportar, entre otros "saberes", capacidad para facilitar espacios de encuentro, de concertación y de diálogo entre actores sociales con intereses contrapuestos; "capacidad instalada" en nuestras organizaciones, en términos humanos, de información y de conocimiento científico; tecnologías validadas para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas tropicales, conocimiento regional y práctica en los "qués", en los "quiénes" y en los "cómos" de la investigación-acción participativa; capacidad y experiencia pedagógica, basada no en una educación unilateral y autoritaria, sino en los ya mencionados diálogos de saberes; una visión de la educación ambiental que supera ampliamente los aspectos meramente ecológicos del tema, para convertirla en una propuesta de educación para la democracia, para la equidad, para la solidaridad y para la convivencia entre los seres humanos y entre nosotros y las demás forman vivas que comparten con nosotros la biosfera. Pero sobre todo, estamos en condiciones de ofrecer nuestro compromiso personal e insobornable con la vida y nuestro propósito de lograr la coherencia entre el pensar, el decir y el actuar.

Estamos también en condiciones de establecer alianzas estratégicas con el Estado, para construir conjuntamente y en la práctica, una política para la participación ciudadana en la gestión del medio ambiente, como parte de la construcción de la cultura de la participación y de la democracia participativa en Colombia.

Así mismo, esperamos aliarnos, como lo hemos hecho antes, con otros sectores democráticos del acontecer colombiano, para incidir sobre el proceso legislativo y, de darse, sobre el nuevo proceso constituyente, con el objeto de garantizar que la dimensión ambiental sea tenida en cuenta en toda su complejidad y transversalidad, en los acuerdos que se logren para construir un país en donde fructifique la paz.

  1. ¿QUÉ ESPERAMOS LOS AMBIENTALISTAS DEL ESTADO?
  2. Los ambientalistas esperamos del Estado decisión política y lealtad con la sociedad civil, en cuanto al propósito de hacer de Colombia una sociedad sostenible, según el sentido que le hemos otorgado a ese concepto en términos de sostenibilidad global, al igual que consciencia y consecuencia sobre el carácter transversal, trans-sectorial y multidimensional de la gestión ambiental.

    Esperamos que el Estado desarrolle conjuntamente con la sociedad civil, su capacidad para evaluar la oferta ambiental de los ecosistemas colombianos, vis a vis con la demanda social que pesa sobre dichos ecosistemas, con el fin de promover la adopción de sistemas de vida sostenibles como alternativas aplicables a la resolución de los conflictos entre sectores y actores sociales, y entre la comunidad y los ecosistemas. Lo anterior constituye un requisito indispensable para lograr que, por ejemplo, los procesos de reasentamiento de desplazados por la violencia o por otros desastres, generen para sus protagonistas posibilidades de sostenibilidad en el largo plazo, en lugar de convertirse en motivo de nuevos y más grandes conflictos.

    Esperamos también decisión política y lealtad por parte del Estado en cuanto a la participación ciudadana en la gestión ambiental, en el sentido de que se reconozca y avale que el objetivo de la misma es garantizar el acceso efectivo de la comunidad a los procesos de toma de decisiones y de que le corresponde al Estado facilitar las condiciones para que dicha participación resulte eficaz en términos de una mayor sostenibilidad tanto de los ecosistemas, como de los actores de la sociedad civil y de sus organizaciones y, por supuesto, en términos de gobernabilidad, entendida ésta como una expresión de la sostenibilidad institucional (legitimidad y credibilidad del Estado frente a la sociedad civil).

    También esperamos del Estado voluntad política para construir, en los términos propuestos y sobre las coincidencias señaladas, alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil para llevar conjuntamente a la práctica la política de participación ciudadana en la gestión ambiental.

    Por último, esperamos el apoyo decidido del Estado para desarrollar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la adopción de políticas y en la ejecución, evaluación y control de la gestión ambiental.

     

  3. ¿QUÉ ESPERAMOS LOS AMBIENTALISTAS DE LOS ACTORES ARMADOS DE LA GUERRA EN COLOMBIA?
  4. Además de las exigencias que el Mandato Ciudadano por la Paz les hizo a los actores del conflicto armado (no más guerra, no más atrocidades, respeto al derecho internacional humanitario, no vinculación de menores de 18 años a la guerra, no asesinatos, no secuestros, no desapariciones, no ataques a la población civil ni desplazamientos forzados y no vinculaciones de civiles al conflicto armado), los ambientalistas colombianos esperamos que tanto el Estado como los grupos alzados en armas, guerrilleros y paramilitares, observen rigurosamente, como atrás se indicó, los términos de la "Convención sobre prohibición de usos militares y de uso hostil de cualquier técnica de modificación ambiental" (ENMOD), así como los "protocolos adicionales" de la Convención de Ginebra, en virtud de los cuales se prohibe la utilización de medios de guerra dirigidos a causar daños severos, extendidos y con efectos de largo plazo sobre el medio ambiente natural.

    Pero sobre todo, esperamos que los actores armados del conflicto y en general los actores que participan o van a participar en las negociaciones de paz, encaren el tema ambiental con toda seriedad y en toda su complejidad. Que no se tome con criterio exclusivamente "cosmético" y para llenar un requisito de moda o formal, sino que se reconozca que el tema cruza transversalmente todos los posibles temas de negociación, y que todas y cada una de las decisiones que se tomen deben evaluarse en función de su impacto sobre la sostenibilidad.

    Esperamos que este documento contribuya a clarificar los vínculos y las inter-relaciones entre el medio ambiente, el desarrollo y la paz.

    Valga la oportunidad para saludar como necesarios y convenientes los espacios de diálogo y de concertación que se están abriendo entre los actores armados y la sociedad civil, y para reiterar el apoyo de los ambientalistas a cualquier iniciativa seria que conduzca a una paz sostenible en el país. Reiteramos nuestra aspiración a que en esos espacios se le reconozca al tema ambiental toda su importancia y transversalidad con respecto a los demás temas de discusión.

  5. ¿QUÉ ESPERAMOS LOS AMBIENTALISTAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y PRIVADO?
  6. En el sector productivo colombiano, tanto privado como estatal, y en el sector privado en general, ha ido creciendo en los últimos años lo que se ha dado en denominar "consciencia ambiental", con verdadero compromiso por parte de algunos de los actores sociales vinculados a esos sectores; con más afán publicitario que compromiso real por parte de otros, que han visto en el tema ambiental más una estrategia de marketing que una obligación de transformar no solamente sus sistemas de producción, sino su manera de interactuar con el resto de la sociedad.

    No pensamos que la práctica de dividir el mundo per se entre buenos y malos, tenga sentido en una sociedad que afronta una de sus más graves crisis históricas, en la cual se encuentra en juego nada menos que su propia viabilidad.

    No creemos, en consecuencia, que a estas alturas resulten válidas descalificaciones como las que se hacen por parte de algunos sectores a la industria en general, sin tener en cuenta las especificidades de cada subsector e incluso de cada empresa dentro de su subsector, menos aún cuando (al menos algunos de nosotros) aceptamos que el crecimiento económico es uno de los requisitos (aunque no el único) para superar las condiciones de pobreza económica, ambiental, afectiva y cultural que afectan a un porcentaje mayoritario de la población colombiana. (El presente documento podría describirse en parte como un resumen de los criterios dentro de los cuales pensamos que debe llevarse a cabo dicho crecimiento económico para que se traduzca en felicidad humana y no en un mero dato contable.)

    No quiere decir lo anterior, sin embargo, que dejemos de reconocer y de afirmar que sí existe una enorme responsabilidad en la crisis ambiental –y en general en la crisis del país— en la manera como se ha concebido y llevado a cabo la producción de materias primas y de bienes y servicios en los sectores extractivo, manufacturero, financiero y comercial, sin evaluar los efectos de dichas actividades sobre el medio circundante, en sus dimensiones ecológicas, sociales, éticas, económicas y culturales.

    Pensamos, por ejemplo, que esa arrogancia devastadora que ha caracterizado al capitalismo frente a los grupos y comunidades humanas que, como resultado de su centenaria interacción con el entorno, han desarrollado otras lógicas y otras racionalidades (no regidas necesariamente por la rentabilidad económica), debe reconocer la validez de esos otros proyectos de vida, en lugar de tratar de imponer la lógica capitalista "por la razón o la fuerza". Por ejemplo regiones colombianas (ecosistemas y comunidades) como el Chocó Biogeográfico, no resistirían el impacto de esos "megaproyectos" que en su concepción y en su desarrollo constituyen encarnaciones de esa arrogancia devastadora.

    Hoy, por fortuna, en muchos actores del sector privado –para algunos en la teoría, para otros en la práctica --, tiende a imponerse la obligación de asumir la debida responsabilidad por el impacto de la producción sobre ese medio circundante; de reconocer y compensar los costos sociales y ambientales de la actividad productiva, en lugar de transferírselos a los perjudicados; de relativizar el peso de las ganancias económicas como únicas prioridades, frente a la necesidad de concebir la empresa como parte activa de un entorno social; en fin, de desarrollar, adoptar y observar una nueva "ética empresarial", en función de valores que trascienden el afán de lucro como meta exclusiva de la producción.

    Una parte central de esa "ética empresarial" la constituye el concepto de "calidad", aplicado tanto a los sistemas de producción como a los bienes y servicios que se ofrecen al consumidor. "Calidad" que trasciende al producto mismo, para incorporar una serie de valores y de significados que forman parte de nuestro imaginario social. "Calidad" cuya ausencia, como por ejemplo en el caso de muchos programas de "vivienda de interés social" (en términos de diseño, dimensiones, materiales, entorno, etc.) constituye una grave forma de violencia contra el ser humano y el caldo de cultivo para formas mas expresas de irrespeto contra la vida y su dignidad y calidad, y en consecuencia un atentado contra la paz.

    No pretendemos desde el ambientalismo, ni mucho menos, dictarles cátedra a los sectores de la producción, sino expresar nuestra convicción de que es posible identificar puntos de encuentro a partir de los cuales, actuando con sentido histórico, con compromiso de trascendencia, con transparencia y con lealtad, podemos intentar salidas constructivas a las contradicciones que siempre existirán como esencia misma de la vida en sociedad, y participar conjuntamente en la construcción de un nuevo país.

  7. ¿QUÉ ESPERAMOS LOS AMBIENTALISTAS DE LOS POTENCIALES ALIADOS A NIVEL INTERNACIONAL?

Para que el apoyo y la cooperación resulten eficaces en términos de sostenibilidad global, no bastan las buenas intenciones del cooperador.

Los ambientalistas colombianos esperamos de nuestros potenciales aliados internacionales en la tarea global de hacer de la nuestra una sociedad sostenible, y en el propósito puntual de construir la paz, su contribución al fortalecimiento integral de las organizaciones sociales y su apoyo para la institucionalización del Estado y de la sociedad, y para fortalecer la capacidad de gestión social y ambiental de los actores nacionales.

La cooperación para construir una sociedad más democrática, más equitativa, más solidaria y más sostenible, debe constituir ella misma, en sus métodos y en sus contenidos, un ejemplo de democracia, de equidad, de mutuo respeto, de solidaridad y de sostenibilidad.

La construcción de la democracia participativa y real constituye un proceso de aprendizaje de largo plazo e implica un profundo cambio cultural.

Cuando la cooperación inhibe el fortalecimiento y la autonomía de los actores locales o cuando no permite una consolidación "orgánica" de los procesos de aprendizaje (con sus aciertos y con sus errores), a través de los cuales se llega a la construcción de una verdadera cultura democrática, resulta totalmente contraproducente en términos de sostenibilidad.

Existen en Colombia múltiples ejemplos de cooperación internacional basados en el apoyo a los objetivos de los actores nacionales, que surten como efecto unas mayores posibilidades para la construcción de sostenibilidad, como también ejemplos de programas de cooperación que satisfacen primero los intereses de los cooperadores, mientras niegan en los hechos las prioridades nacionales.

LOS SIMBOLOS NOS COMPROMETEN CON EL COSMOS

MAURICIO BELTRÁN

FUNDACIÓN COLOMBIA MULTICOLOR

La vida ha sido circundada de palabras en el texto de Gustavo Wilches-Chaux; está protegida y tiene (allí se sabe) la posibilidad real de hacerse más fuerte que la destrucción. Un tema queda flotando a lo largo del texto, ese tema es el objeto de las líneas que siguen.

DEL VERDE A TODOS LOS COLORES

El problema para romper el manto verde que a veces dificulta comprender los problemas ambientales, radica en que dentro de la naturaleza, la mujer y el hombre parecen hallarse fuera de lugar. El cuadro ecologista es pobre y bucólico: el entorno es el bosque, la casa, en el centro, es el símbolo de los seres humanos.

Poco a poco el bosque se ha hecho pequeño o distante. Los habitantes de las grandes ciudades no saben la procedencia del agua que beben, ni de la luz que encienden ni de los alimentos que consumen. Entonces el verde se vuelve una razón externa, un hecho lejano, una realidad que se comprende pero que no se palpa. Y la naturaleza aparece lejana porque no tenemos las claves que nos permitan comprenderla; la vida puede percibirse débil o despreciable cuando no existen las clavijas que afinen la fragilidad de esa cuerda delicada que hace a los seres animados. Para mantener los usos del suelo, para respetar las leyes de la coexistencia con otros seres en el globo terráqueo, los pueblos han ideado el más maravilloso de los avances de la evolución: la cultura.

 

 

LA AMENAZA DE LAS CULTURAS

El siglo que estamos viendo terminar, despojó a la Tierra de muchas de las culturas que la hacían habitable y garantizaban su permanencia. A cambio la sometió a la presión más desaforada para hacerla rentable. Pero a la par con la fuerza de la economía, la fragilidad de la cultura dejó sin soporte la relación entre el homo sapiens y su planeta.

La generación de una sociedad incapaz de respetar la relación con los demás seres vivos se fue fraguando, entre otras, desde la tradición cristiana que le ordenó al hombre ser el amo de la creación, o desde tiempos de Gilgamech o de Heracles que, cubiertos con la piel de sus víctimas, se lanzaron armados a la conquista del mundo. Fue el siglo XX el que dio la puntada definitiva, cuando se han desarrollado las herramientas y los instrumentos tecnológicos para hacer de las armas la principal industria y de la comunicación el mecanismo para homogeneizar el gusto y el sentir de los mercados antes dispersos: aquellas garantizan el poderío, la destrucción y la acumulación de la riqueza, mientras que la comunicación permite mantener los mercados, ampliar los cubrimientos y a su vez acumular el poder económico. Las dos principales industrias del mundo apuntan primero contra todas las formas de vida y luego contra las culturas de los seres humanos.

VIDA COTIDIANA Y CULTURA AMBIENTAL

La teoría de la transversalidad ambiental será un tema que nunca podremos explicar y que nunca dejaremos de entender, como sucede con la libertad. El punto está en plantear los hábitos y comportamientos en la vida cotidiana como apropiación y adaptación personal de unas formas de entender y, sobre todo, de incidir en el entorno; lo mismo que en la comprensión de la cultura como mecanismo que sirve de resorte entre las mujeres, los hombres y su relación con el mundo.

Es la cultura la que nos hace actuar y son los hábitos los espacios donde ésta se realiza. Entender unos y otros nos obliga a involucrar la dimensión ambiental en el día a día y, a su vez, en la estructura donde se forman los comportamientos y se modelan las relaciones de destrucción o de construcción.

La cultura, como mecanismo de adaptación de los seres humanos a sus diversos entornos, nos ayuda a entender la crisis del actual modelo. Los discursos se alejan de las prácticas por falta de constataciones sociales, de normas fácilmente apropiables - y claramente transmitibles - de una generación a otra. De esta manera el mundo de los símbolos entra a formar parte del ambiente y es el sistema de regulación de las sociedades o su sistema de autoexterminio. Los mecanismos de transmisión de los valores como la Iglesia, la familia o la misma educación están cediendo impunemente su papel a unos medios de comunicación capaces de justificar cualquier cosa a cambio de sostener el mercado. Medios cuyo contenido simbólico es en esencia consumo, competencia y, de fondo, la búsqueda hegemónica para ejercer su dominio sobre un público uniformizado.

LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD

Me valgo para este argumento de aquel que postuló Borges sobre sus cuentos: "No me atrevo a confesar que son sencillos, no hay en la tierra una página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad".

La vida moderna se suele asociar a un cierto desprecio por la dificultad, con una tendencia al mínimo esfuerzo. Así pueden operar las comidas pre-listas o los empaques desechables, no la vida. El proceso de extinción de las especies animales a expensas del hombre y la uniformidad de los gustos, los alimentos y la cultura en general a expensas de la riqueza de los pueblos que habitan el planeta, se convierten hoy en le principal reto de los ambientalistas.

Dentro del discurso ambiental global el tema de la homogeneización está un poco entre líneas. Se dice por ejemplo que ha empobrecido el uso de alimentos y que ha ampliado los poderes de las grandes transnacionales. Creo que el tema amerita capítulo aparte. Sería de interés considerar las pérdidas del sector agrícola colombiano y la competencia desleal entre productos subsidiados afuera y abandonados aquí. Los procesos de homogeneización del paisaje por la conversión en pastizales de páramos, selvas, humedales, lagunas, bosques andinos o de galería, etc.

De otro lado, la homogeneización de los gustos, que convierte las culturas locales en material de archivo y se lleva de contera sus procesos de adaptación. Los festivales y fiestas de la cosecha (donde se redistribuían los excedentes y se renovaban las cimientes) reemplazados por el reinado. Los juegos tradicionales (donde se demostraban las destrezas en el campo, en el río, en la caza o en la recolección) convertidos en campeonatos de fútbol.

La homogeneización del consumo que esclaviza mediante el poder adquisitivo y una cultura que depende del dinero plástico con un vasallaje difícil de cortar: como el endeude de los viejos tiempos caucheros o encomenderos... Las tarjetas de crédito nos convierten en apéndices de una cadena infinita.

Por supuesto el simplificar y empobrecer los ritos cotidianos, se traduce en la homogeneización de la cultura y de los sentimientos. La primera mediante la conversión en esquemas de los pueblos y de sus valores: los negros rumberos; las negras mucamas o lavanderas; los indios, ladrones, brutos; los colombianos, coqueros contrabandistas; los latinos, vividores; los norteamericanos, defensores de los débiles, matando mil veces, siempre en defensa propia, a muertos latinos, colombianos, indios, orientales, negros y negras.

En cuanto a los sentimientos estamos frente a la imposición constante de valores que antes enseñaban la vida y que ahora se aprenden frente a las pantallas. El miedo y el respeto a la muerte, por ejemplo, --que producía en los niños la imagen mustia de difunto velado-- se trocaron en los rostros descompuestos del ladrón abaleado, del agresor lanzado desde un edifico de Manhattan, del secuestrador molido a metralla.

La muerte así, se convierte en un sentir normal, algo que pasa todos los días. De modo que el hilo tenue que nos decía "no matar", se vuelve muy fácil de romper. De igual manera, cuando el miedo se siente de manera recurrente en la tensión de los pasos y de las persecuciones televisivas, la experiencia personal - de verdad -, regresa a su referente mas inmediato, la ficción.

No hay confusión, la realidad se deriva de la mentira y no viceversa. El amor sufrido o gozado en la novelas; la angustia, la rabia y el rencor hacia los personajes inicuos y frente a las injusticias evidentes se conoce en el blanco y negro de las series de buenos y malos.

Las sociedades y las culturas, están entregando el proceso de formación de sus jóvenes a unos medios cargados sentimientos prefigurados y de razones mercantiles. De comportamientos y de hábitos concretos y de discursos vacíos. Por ello, la homogeneización del alma humana es un proceso que nos destruye, nos escarba, hasta encontrar ese punto en el corazón que algún día hizo que pueblos enteros creyeran que la tierra es la madre y como tal la trataban.

Los medios, cuyo nombre confirma su sentido, sirven a fines determinados. Preguntarse sobre estos últimos tal vez resulte más fructífero que seguir replicando sobre la desastrosa carga que arrastran los encargados de la reproducción de la cultura global. La concentración de la propiedad y la distribución desigual en la producción de los mensajes, no los medios por sí mismos, han generado la crisis que ya desde 1970 hizo clamar por un nuevo orden mundial en la información y las comunicaciones a través de un informe suscrito por la UNESCO.

No pudieron las Naciones Unidas cambiar los procesos que denunciaban y si pudieron los grandes conglomerados económicos apropiarse cada vez más de los medios que necesitaban. La tecnología fue complejizando las técnicas y simplificando los usos. Las maravillas del satélite, la fibra óptica, la comunicación virtual, los medios digitales permitieron crear canales y sistemas de transmisión global y abrieron las puertas a nuevos medios locales y regionales y nacionales.

Colombia cambió en los últimos cuatro años de manera radical todas sus políticas de comunicación. El reordenamiento del espectro electromagnético y la adjudicación de estaciones radiales de AM y FM, entre las que se incluye la radio comunitaria, iniciaron el proceso que cumple la norma constitucional que consagra el derecho de todos los colombianos a fundar medios masivos de comunicación.

Luego se reglamentó y se inició el proceso que está haciendo cambiar la televisión. Se crearon dos canales privados, y su papel va ligado a la suerte de los dos mayores grupos económicos del país y lo suyo es una televisión mercancía: es decir, buena en cuanto rentabilidad, poco original en su forma, adocenada a fórmulas ya exitosas en el mercado y por tanto repetitiva. Se iniciaron los canales regionales cuyo sentido de identidad con el público ha sido paralelo a la acogida de las audiencias; en ese sentido la televisión empezó a mostrar su cara de fin y no de medio, pues el país regional se hizo realidad en el Caribe, el Eje Cafetero, La Costa Atlántica, el Pacífico y La zona Andina. Los canales locales con y sin ánimo de lucro se están adjudicando en una diáspora de posibilidades por todos los rincones del país. Por último, la televisión comunitaria inicia poco a poco la cosecha de los grupos formados en talleres y cursos cada vez más depurados en sus objetivos y sus contenidos.

Las antenas parabólicas, los sistemas de recepción satelital y los transmisores de amplio cubrimiento, tienen hoy la competencia de los pequeños equipos de 250 vatios que han hecho de la FM una frecuencia apetecida en muchos municipios donde la radio comunitaria no tiene competencia. El turno para la tv está a la orden del día, la inversión económica y los costos fijos dificultan la consolidación en el nivel comunitario, sin embargo ya son muchos los grupos y organizaciones sociales que empezaron el camino. Poco a poco el medio tiene sentido de fin.

MEDIOS AL FIN

Los comunicadores sociales formados en las diversas universidades accedieron a un universo de medios cuya finalidad siempre parecían ignorar. De allí que las críticas repetitivas a los medios olvidan para qué fueron hechos. A cambio surge un inmenso grupo de personas, organizaciones sociales y empresas que asumen el fin como la base para iniciar un nuevo proceso de comunicación.

El fin de una sociedad democrática, en la cual el derecho a la diferencia marque las pautas del respeto y de la tolerancia. No sólo como reclamo a favor de las ideas propias sino también en consecuencia con las ideas contrarias.

El fin de un país complejo, donde las múltiples expresiones raciales, religiosas, étnicas, lingüísticas y culturales tienen cabida y son la prueba de nuestra riqueza.

El fin de la sociedad pluriclasista, pues el futuro común se debe construir desde la aceptación del poder económico como responsabilidad social y de las necesidades insatisfechas como problema de todos.

El fin de una sociedad ambiental, donde podamos construir un nuevo impacto entre los hombres y una nueva cultura con la naturaleza.

 

 

BIBLIOGRAFÍA

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ANEXO

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD

No existe una definición sencilla sobre qué significa en la práctica el desarrollo sostenible, lo cual dificulta evaluar si un proceso o una decisión, contribuyen a hacer más sostenible una comunidad, o si por el contrario incrementan su vulnerabilidad.

A manera de anexo incluimos estas preguntas, que ya han sido trabajadas en otros documentos, a partir de las cuales resulta posible reconocer y medir cualitativamente el aporte de una determinada acción sobre la sostenibilidad.

Como consecuencia de un proceso determinado, de una decisión o de una acción: